La entrada en vigencia esta semana del nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego en las fuerzas federales desató una fuerte polémica en Argentina. El protocolo no solo ha sido rechazado por organismos humanitarios y dirigentes opositores, sino que también ha abierto una grieta en el seno de la coalición del gobierno de centroderecha del Presidente Mauricio Macri.
En el caso de los policías, la nueva norma dispone que se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", pero que podrán disparar sin dar la voz de alto y sin sufrir agresión previa. El uso de armas letales es válido en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves", sostiene la normativa que tendrá jurisdicción para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
"Ahora (los agentes) podrán tirar cuando antes no lo podían hacer sino cuando el delincuente disparaba", justificó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Pero desde el oficialismo, la diputada Elisa Carrió no ocultó sus críticas a la iniciativa. "A mí me parece que esta reglamentación firmada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo", dijo.
Amnistía Internacional Argentina llamó al gobierno de Macri a revisar la polémica resolución, "en tanto representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos", señaló el organismo.
