Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña, solicitará al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que le permita estar en Barcelona el próximo martes para participar en persona del pleno de investidura del Parlamento autónomo, donde es candidato a reelección.
La justicia española se encuentra investigando a Puigdemont por presuntos delitos de rebelión y sedición -entre otros- por impulsar un proceso de secesión ilegal, por lo que si pisa Barcelona, será detenido y llevado ante el Tribunal Supremo de ese país.
La importancia del permiso que solicitará el ex presidente recae en que es la única forma para que el debate de investidura del independentista sea legal, ya que el gobierno de Madrid recurrió de manera urgente al Tribunal Constitucional (TC) para que éste impidiera un eventual debate vía streaming, debido a que Puigdemont manejaba la hipótesis de participar por videoconferencia o con un discurso leído por un diputado de su bancada.
El acuerdo del TC causó debate en España ya que no se pronunció con lo que le pedía el gobierno, que era suspender el pleno del martes en el parlamento catalán y la candidatura de Puigdemont como prófugo de la justicia.
Josep Rull, uno de los principales colaboradores y antiguo integrante del gobierno de Puigdemont, criticó la decisión del TC como "inaudita, con medidas cautelares impropias".
