Puigdemont pide una ley de amnistía antes de negociar investidura y complica al PSOE y al PP

Pese a que lleva más de seis años prófugo en España, y que la inmunidad que su actual cargo como diputado del Parlamento Europeo le otorgaba le fue recientemente retirada por la justicia europea, Carles Puigdemont sabe que, en este momento, tiene el sartén por el mango en la política española. Amnistía o repetición de elecciones, sin discriminación entre si se sentará a negociar –y nada más que eso, luego se pactará la posible investidura– con el Partido Popular (PP) o el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue el esperado ofrecimiento que el expresident catalán dio a conocer este martes, desde Bruselas.

La lista de cuatro puntos exigida por Puigdemont incluye el “respeto a la legitimidad democrática” del proceso independentista catalán que explotó aquel 1 de octubre de 2017; la implementación de un “mecanismo de mediación y verificación” que supervise los acuerdos a los que se lleguen; el “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo” que mantiene a muchos de los líderes del procés con cargos por sedición y malversación de fondos, entre otros, o derechamente en prisión, lo que se solucionaría con una “ley de amnistía de amplio espectro”; y, por último, que cualquier pacto al que se llegue será basándose en los “tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos”, lo que analistas traducen a que no se regirá por la Constitución de España, principal argumento legal para evitar la separación del país utilizado por los opositores al independentismo.

El líder catalán pide porque sabe que sin los votos de su partido, Junts per Catalunya, ni el PP ni el PSOE pueden alcanzar los 176 apoyos parlamentarios requeridos para la investidura, luego de los resultados de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, la exigencia deja en jaque a los dos principales partidos. Si aceptan, el tiempo para formalizar los acuerdos y promesas se acota hasta el 27 de noviembre, fecha en que automáticamente se convoque a una repetición de elecciones, explicó El País. Si rechazan a Junts, se hace imposible el arribo de ninguno de los dos partidos a La Moncloa, al menos con esta composición parlamentaria.

Alberto Núñez Feijóo, líder popular a quien el rey Felipe VI llamó a ser investido pese a no contar con los apoyos en el Parlamento, prácticamente cerró la puerta a una posible reunión que, hasta el lunes, defendía. “Todos hemos escuchado a Puigdemont hablar de manera muy clara. Después de conocer su postura, si nos va a proponer la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión tanto Junts como el PP”, dijo en el Congreso ante la prensa local.

En la otra vereda, en el PSOE, la polémica se instaló desde el lunes. La vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno y presidenta de Sumar, Yolanda Díaz, se reunió en privado con Puigdemont, hecho del que en la tienda socialista se desligaron completamente. La justicia española aún lo persigue, y que una figura tan prominente del Ejecutivo -la más alta desde que huyó a Bruselas- se junte personalmente con un prófugo del Poder Judicial, le valió más de una crítica.

Años atrás, en el momento cenit del independentismo, cuando en 2017 se realizó un referéndum luego declarado ilegal por las autoridades españolas, la voz del entonces presidente catalán Carles Puigdemont generaba expectación mundial. Seis años más tarde, pero desde Bruselas, sus palabras vuelven a tener un impacto en España y el mundo.

Fue en una pequeña sala donde se realizó la conferencia en la que plantearía su lista de requerimientos como antesala imperativa para, recién después de aceptados, se pueda negociar una investidura. El lugar estaba lleno de simpatizantes, relató El Mundo, pero también de medios de comunicación tanto españoles como extranjeros. Cabía la posibilidad de que en su discurso estuviera la clave para destrabar las tablas, en lenguaje del ajedrez, que se produjeron el 23-J.

Sin embargo, desde un lado del tablero, en el PP, pareciera que el pacto será imposible. En el PSOE, en tanto, aún hay un acotado tiempo para analizar la propuesta, pese a que en el propio partido ya surgen voces que rechazan ceder ante las exigencias. Una de ellas, la siempre relevante opinión del expresidente socialista, Felipe González.

Puigdemont sabe el poder que tiene entre manos, y así lo hizo ver en su discurso. “Estamos en un momento especial”, inició. “En unos días el Parlamento español empezará los trámites y no parece que el candidato de la derecha tenga apoyos ni para la primera ni en la segunda ronda y tampoco el presidente y sus socios”, dijo, en referencia a su rol como la llave a la presidencia del país europeo.

“España tiene un dilema de resolución compleja: o repite elecciones (…) o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre (fecha del referéndum de independencia de 2017, declarado ilegal por la nación ibérica) y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”.

La primera condición para sentarse en la mesa con quien quiera negociar, dijo el periodista catalán, es que el Estado español reconozca la “legitimidad” del independentismo, puesto que la nación trata a quienes optan por esa vía política “como la segunda amenaza del Estado, después del yihadismo”, aseguró.

En segundo lugar, y en respuesta a esa ilegitimidad que reclama, puso como condición “el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”. Esta propuesta está directamente ligada al Juicio del próces, nombre con el que se conoció la causa contra los líderes del proceso bajo cargos de rebelión (sin ser esta acogida), sedición, usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos.

Esto se podría dar a través de dos vías, explicó Carles Puigdemont: “A través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014″, detalló en primer lugar, o “a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, lo que implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial.

El tercer punto, y la razón por la que en 2019 dinamitó el último intento de negociación entre Puigdemont y Sánchez, recordó El País, trata sobre la utilización de un “mecanismo de mediación y verificación” para “garantizar el cumplimiento de los acuerdos”. Cuatro años atrás, la figura se llamó relator, pero la asociación del término a un conflicto internacional hizo a Sánchez rechazar de lleno la idea.

En último lugar, el expresidente de la Generalitat exigió “fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales”, haciendo un bypass de la Constitución de España.

Ahora, la decisión está en manos de los partidos que se disputan la dirección del país, a quienes Puigdemont interpeló directamente. El pacto “requiere a Junts, una formación a la que se ha atacado sin descanso por parte de las dos fuerzas políticas. Hasta el punto de que hace dos meses y medio esos partidos (el PP y el PSOE) no tuvieron ningún problema en sumar sus votos para que el candidato de Junts no fuera alcalde de Barcelona”, aseguró.

En el PP, fue Alberto Núñez Feijóo quien cerró las puestas, casi definitivamente, el mismo martes. Para el líder popular, los requisitos propuestos por el eurodiputado “niegan la esencia propia de la democracia”, por lo que aseguró que ya no cree necesario sentarse a conversar un posible pacto, a pesar de que fue él quien remó contra la corriente (y algunos barones) para que, al menos, escucharan una propuesta previo a la investidura. “Nos podemos ahorrar la reunión ellos y nosotros”, dijo Feijóo a la prensa española.

La única ventana abierta que dejó fue para el partido de Puigdemont, a quienes dijo que “si Junts quiere hacer matizaciones, que nos lo diga”. Pero agregó que “en este contexto todo parece indicar que lo más operativo es no tener una reunión, porque ante esa propuesta” de amnistía “la respuesta es no”.

Lanzando un dardo al otro lado de la trinchera, Núñez Feijóo dijo que “lo que acaba de decir Puigdemont lleva a España solo a dos caminos: acordar entre los partidos nacionales la igualdad, o un bloqueo y una repetición electoral. Solo consideramos estas dos posibilidades. No se puede contemplar la tercera posibilidad de un pacto que atente contra los intereses de los españoles y ni siquiera Pedro Sánchez debería ser capaz de llevarlo adelante”.

En la tienda socialista, la discusión ya había sido iniciada por el expresidente y exlíder del PSOE, Felipe González, quien planteó de manera tajante este martes en entrevista con Onda Cero que “en la Constitución no caben ni la amnistía ni la autodeterminación”.

González, quien abiertamente ha mostrado reparos con la dirección del PSOE en la era de Pedro Sánchez, también apeló al jefe de Gobierno: “Si el presidente del Gobierno dice que todo se hará en el marco de la Constitución, yo digo: claro, pero a partir de ahí yo digo que en la Constitución no caben ni la amnistía ni la autodeterminación”.

Para el cierre de esta edición, la respuesta oficialista llegó de mano de la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien evitó contestar directamente la propuesta del expresidente catalán, pero aseguró que con Puigdemont “nos separa un mundo”.

“Nuestras posiciones están en las antípodas y yo lo que sí quisiera es aprovechar para recordar cuál es nuestro marco: para abordar esta situación tenemos una herramienta, que es el diálogo; tenemos un marco, que es la Constitución; y tenemos un objetivo, que es la convivencia. Hoy nadie puede negar, es incuestionable, que la situación en Cataluña es infinitamente mejor de lo que era hace cinco años”, dijo este martes tras el Consejo de Ministros, consignaron medios locales.