El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro miembros de su gobierno presentaron este martes una demanda en Bélgica contra el juez instructor de la causa independentista en España, Pablo Llarena, por vulnerar sus derechos con unas declaraciones, anunciaron sus abogados.
"Decidimos presentar esta petición contra el juez Llarena por una falta que cometió en España y (...) que causó daños en Bélgica a nuestros clientes", anunció Christophe Marchand, uno de los abogados, en referencia a unas declaraciones a la prensa del magistrado español.
Esta demanda en Bélgica abre la puerta a la recusación del juez del Tribunal Supremo en la causa que instruye, ya que, en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez puede ser recusado si tiene "un pleito pendiente" con alguna de las partes del caso.
El ex consejero catalán de Salud, Toni Comín, residente en Bélgica desde octubre, anunció que ya presentaron "una demanda de recusación" contra el juez Llarena en España, una medida sobre la que ahora debe pronunciarse el propio Tribunal Supremo.
Ambas demandas se producen después que la justicia belga rechazara en mayo la extradición de Comín y de sus ex compañeros de gobierno Meritxell Serret y Lluís Puig, por defectos de forma en la orden de entrega europea cursada por Llarena en marzo tras retirar una primera euroorden en diciembre.
Los tres políticos se trasladaron inicialmente a Bélgica a fines de octubre de 2017 junto a Carles Puigdemont y la ex consejera Clara Ponsatí, tras la destitución del ejecutivo regional catalán cuando Madrid tomó el control a raíz de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Puigdemont, que fue detenido en marzo en Alemania a su regreso de un viaje a Finlandia, espera en ese país que la justicia decida sobre su extradición, mientras que Ponsatí se encuentra en la misma situación, pero en Escocia, donde trasladó su residencia desde Bélgica.
Christophe Marchand explicó que los cinco presentaron la demanda civil porque todos residían en Bélgica el 22 de febrero, cuando el juez español dijo en Oviedo (norte de España) que los políticos independentistas catalanes en prisión preventiva en España "no [eran] presos políticos".
"Hay muchas más declaraciones", apuntó por su parte otro de los abogados, Paul Bekaert, para quien el juez Llarena "prejuzgó fuera del tribunal, fuera de un fallo".
El 4 de septiembre tendrá lugar la primera vista de la demanda civil, presentada ante el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas, y a la que la justicia belga convocó al juez español, aunque su presencia no es obligatoria, explicaron los abogados.
"Pedimos al juez belga que constate la falta civil del juez Llarena al haber hablado, al haber violado la presunción de inocencia y que constate que se generó un daño (...) y le condene a un euro de daños y perjuicios simbólico", explicó Marchand.
