Kilmar Armando Abrego García, de 29 años, residía legalmente en Maryland, Estados Unidos, donde se estableció tras ingresar al país en 2011 huyendo de la violencia de pandillas en El Salvador.

En 2019, se le otorgó una protección judicial que impedía su deportación debido al riesgo que enfrentaría si regresaba a su país de origen.

Sin embargo, el 12 de marzo de 2025, Abrego García fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de su estatus legal y la protección vigente. Esta acción se debió a un “error administrativo” reconocido por el gobierno de Estados Unidos.

Tras su llegada a El Salvador, Abrego García fue recluido en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones extremas.

Aunque fue acusado de ser líder de la pandilla MS-13 y de estar involucrado en la trata de personas, no se presentaron pruebas sólidas que respaldaran estas acusaciones.

Este jueves, la Casa Blanca defendió la deportación, calificando a Abrego García como un “líder de la brutal pandilla MS-13″ y resaltando su implicación en actividades delictivas.

Sin embargo, al día siguiente, la jueza federal de Maryland, Paula Xinis, ordenó al gobierno de Estados Unidos repatriar a Abrego García antes del 7 de abril, calificando su deportación como ilegal y sin fundamento legal. La administración Trump reconoció el error, pero expresó su intención de apelar la decisión.