Este lunes la capital de Ecuador, Quito, despertó de manera muy distinta a cómo habían sido los últimos 12 días en la ciudad. Esto, debido al acuerdo alcanzado anoche entre el gobierno de Lenín Moreno y los pueblos originarios, con el que finalmente se derogó del polémico decreto 883 -que eliminaba el subsidio de los combustibles- y, con ello, se dio fin a las movilizaciones que dejaron siete muertos y 1.340 heridos.
La decisión de eliminar el beneficio, que regía al país durante 40 años, significó el inicio de una crisis política que paralizó el transporte público y generó manifestaciones ciudadanas que terminaron con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, obligando a las autoridades de decretar estado de excepción, toques de queda e incluso cambiar la sede del Ejecutivo hacia Guayaquil, ante la inminente llegada de un grupos de indígenas hacia la capital.
A la presión ciudadana ejercida contra Moreno se sumó la reacción que tuvo su antecesor, Rafael Correa (2007-2017), quien desde Bruselas (Bélgica) aseguró que el actual Mandatario debía convocar a nuevas elecciones generales porque "le quedó inmenso el traje de Presidente" y lo acusó de traicionar a sus votantes en varias ocasiones.
Pero hoy en Quito el panorama era distinto al de una semana atrás.
Aunque la ciudad despertó sin transporte público y aún hay semáforos en el suelo, las autoridades dispusieron transporte municipal y los ciudadanos han optado por trasladarse en bicicleta a sus hogares, pese a los estragos en el pavimento de algunas calles que dejaron las manifestaciones.
De acuerdo a la prensa local, el municipio de la ciudad presentó un equipo especial de limpieza para levantar escombros y barrer las calles para intentar recuperar la normalidad de sus habitantes de poco a poco.
Sin embargo, según consignó el diario local El Comercio, a pesar de que al menos el 85% de las calles están despejadas y habilitadas para el tránsito vehicular y de peatones, hay un par de avenidas donde todavía se registran enfrentamientos entre manifestantes y la policía local.
Además, algunos edificios institucionales como la sede de la Contraloría -a la que manifestantes le prendieron fuego el fin de semana, y el Congreso, que fue tomado brevemente hace unos días por indígenas- se encuentran en labores de reparación.
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La extensa jornada de negociaciones
Ayer algunos ecuatorianos salieron a las calles con lágrimas en los ojos porque tras 12 días de movilizaciones y cuatro horas de negociaciones, el gobierno de Lenín Moreno y el sector indígena llegaron a un acuerdo para dejar sin efecto el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles.
Para eso se creó una comisión que elaborará un nuevo decreto. Estará integrada por los movimientos de los pueblos originarios y representantes del Ejecutivo, y contará con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Ecuador.
Con el acuerdo, las movilizaciones deberían terminar, con el compromiso de restablecer la paz en el país. Además, ambos sectores trabajarán en conjunto para desarrollar nuevas medidas que permitan al gobierno recortar gastos, aumentar los ingresos y reducir la deuda.
"Jamás he faltado a mi palabra, si el subsidio de la gasolina está siendo destinado a las personas que trafican y se enriquecen, me opongo a que eso pase", señaló Moreno sobre el decreto al inicio de las negociaciones.
"No hagamos el juego a quienes los trataron de corruptos, a aquellos que les quitaron las casas, la educación intercultural y las escuelas bilingües y que yo las devolví", señaló el jefe de Estado dirigiéndose a los líderes indígenas.
Además, responsabilizó a grupos cercanos al correísmo por la violencia durante las manifestaciones. "El sistema que han usado es el sistema que usan las FARC, la guerrilla. No es casualidad nada de esto. Acá hay dinero del narcotráfico", indicó el mandatario ecuatoriano.
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Foto: AFP[/caption]
Como parte de las comunidades indígenas intervino Jaime Vargas, presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien además pidió la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Se espera que en las próximas horas, el jefe de Estado derogue, de manera oficial, el polémico artículo y se expenda "un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesiten", escribió en redes sociales Moreno.
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