Tal como ocurre con la pena de muerte, el matrimonio homosexual, la adopción homoparental y la eutanasia, no hay una única línea en América Latina con respecto al aborto. En ese sentido, la aprobación de la despenalización del aborto ayer en la Cámara de Diputados en Argentina es observada con gran atención por el resto del continente.

Aunque ahora el proyecto, que de aprobarse permitirá el aborto hasta las 14 semanas en el país transandino, debe ser votado en el Senado, los titulares de los bloques mayoritarios en la Cámara Alta han reconocido que la ley sería aprobada, en un debate que tendría lugar en julio. Así, de ser admitido el proyecto en el Senado argentino, este país se convertirá en el quinto de la región que permite realizarse abortos prácticamente a todo evento.

Actualmente, en sólo cuatro naciones de América Latina y el Caribe el aborto es legal y no tiene restricciones. Estas son Cuba, Guyana, Guyana Francesa. En el caso de Uruguay, esta práctica es legal dentro de las 12 primeras semanas de embarazo.

Por otro lado, existen países donde está permitido pero con excepciones, como los casos de Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Perú y Chile. México, por su parte, vive una situación especial. Esto porque al ser un país federal, cada uno de los estados tiene independencia para la implementación de algunas leyes. En este sentido, en todo el país solo está permitido el aborto en caso de violación, mientras que en Ciudad de México es legal.

En el caso de Brasil, el aborto solo está permitido en casos de estupro, riesgo para la vida de la madre y feto con anencefalia (por decisión del Tribunal Supremo Federal). La pena para una embarazada que provoca la interrupción del embarazo es de hasta tres años de prisión. Emblemático fue el caso de Juliana, de 26 años, que tomó una píldora abortiva en su casa y fue denunciada por la doctora que la trató en el hospital. Ahora espera la sentencia de un juez que podría enviarla a la cárcel. "Tras expulsar el feto, tuve una convulsión. Ellos (los policías) entraron en la sala diciendo que tenía que confesar, sino sería esposada e iría a un presidio", relató a BBC Brasil. "Fui interrogada mientras sangraba", añadió.

Según una investigación realizada por el sitio de noticias con perspectiva de género Portal Catarinas, 18 estados brasileños registraron 331 procesos por la práctica de autoaborto (aborto provocado por la gestante o con su consentimiento).

A su vez, los países de América Latina y el Caribe que prohíben el aborto en cualquier caso son: El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití. En Surinam y República Dominicana es ilegal salvo que la vida de la madre corra peligro o en caso de violación. Actualmente se criminaliza a toda mujer dominicana que se realice un aborto y a aquellos que la asistan, sean profesionales o no. Las penas de cárcel oscila entre los 30 y 40 años.

Según el portal de noticias argentino Nodal, tras la despenalización en tres causales en Chile en 2017, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados en República Dominicana presentó un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo.

El Salvador, por su parte, es considerado como el país con la prohibición más dura. Esto, porque toda mujer que se realice un aborto puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión. Uno de los casos más emblemáticos es el de Evelyn Hernández, una joven de 18 años de una zona rural que quedó embarazada sin saberlo, producto de una violación. Su hijo nació muerto y cuando fue llevada al hospital quedó detenida acusada de abortar. En julio del año pasado fue sentenciada a 30 años de prisión por "homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido".

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, desde 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los abortos) al año. La mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en vías de desarrollo en África, Asia y América Latina. "Se precisan más esfuerzos, especialmente en las regiones en desarrollo, para garantizar el acceso a los anticonceptivos y al aborto seguro", dijo la doctora Bela Ganatra, autora principal del estudio.