El ejecutivo de Boris Johnson presentó este miércoles un proyecto de ley que modifica parte de sus compromisos bajo el acuerdo de Brexit, en admitida violación del derecho internacional, y tensa aún más las negociaciones comerciales con la UE en un momento crítico.
Esta semana tiene lugar en Londres la octava ronda de negociaciones entre británicos y europeos en busca del célebre tratado de libre comercio que debía regir su futura relación económica a partir del 1 de enero, cuando termine el periodo de transición posbrexit.
Pero las negociaciones están estancadas desde hace meses y el tiempo apremia: para poder ratificarlo a tiempo ambas partes coinciden en que esta complicada partida de ajedrez debería estar cerrada en octubre.
En este contexto, Londres ha dado un puntapié al tablero amenazando con retirarse si no hay avances, lo que implicaría una salida brusca del bloque a final de año, en previsión de lo cual presentó este miércoles un “proyecto de ley del mercado interno” que, entre otras cosas, modificar la aplicación de tarifas y controles aduaneros para la provincia británica de Irlanda del Norte previstos en el acuerdo de Brexit.
“Esta ley busca proteger los empleos, el crecimiento y garantizar la fluidez del comercio en todo el Reino Unido” al “asegurar la integridad del mercado interno”, defendió Johnson ante la Cámara de los Comunes antes de la presentación del texto.
Por el Tratado de Retirada si no hay acuerdo comercial entre Londres y Bruselas los productos que pasasen a partir de 2021 de Gran Bretaña a Irlanda del Norte podrían ser sometidos a aranceles y las empresas de la provincia tendrían que rellenar declaraciones de aduanas para vender al resto del Reino Unido.
Se trata de un acuerdo internacional legalmente vinculante, en vigor desde el 31 de enero, y modificar sus disposiciones “viola el derecho internacional” aunque de “una manera específica y limitada”, reconoció el martes el ministro para Irlanda del Norte, Lewis Brandon.
La UE exige una reunión urgente
Indignados, los responsables europeos advirtieron que respetar lo firmado es una condición indispensable para avanzar en la actual negociación y el vicepresidente de la UE, Maros Sefcovic, afirmó que pedirá “lo antes posible” una reunión con representantes británicos para que “ofrezcan detalles y respondan a nuestras vivas inquietudes” sobre este proyecto de ley.
La negociaciones comerciales sólo pueden tener lugar si existe una “confianza mutua”, afirmó el miércoles el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, subrayando que la acción “unilateral” de una de las partes rompe esa confianza y su vice primer ministro Leo Varadkar comparó la maniobra británica con un acto “kamikaze”, que se “volvió” en su contra por las críticas que ha provocado.
Varios diputados del Partido Conservador de Johnson, entre ellos la ex primera ministra Theresa May, expresaron su preocupación por el daño que esta violación del derecho internacional puede provocar a la reputación del Reino Unido.
Según el diario Financial Times, este fue el motivo de la dimisión el martes del director de los servicios legales del gobierno británico, Jonathan Jones.
Los representantes del Partido Demócrata estadounidense, que participa junto al Partido Republicano en la negociación de un acuerdo de libre comercio entre Londres y Washington, advirtieron que este no tendría lugar si Londres pone en peligro la frágil paz en la isla de Irlanda.
Durante meses de bloqueo el año pasado, el principal escollo en el acuerdo de divorcio fue hasta su aprobación cómo evitar la reinstauración de una frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda, país miembro de la UE.
El objetivo es preservar la frágil paz que reina en la isla desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que puso fin a tres décadas de sangriento enfrentamiento entre unionistas protestantes y republicanos católicos.
Se considera que la libre circulación de personas y mercancías en la isla ha sido uno de los principales factores para pacificar la región.
Sin embargo esta se ha visto sacudida en el último año por ataques esporádicos de grupos disidentes como el Nuevo IRA, que en abril de 2019
