El relator especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, cuestionó el jueves el uso de las instituciones judiciales y fiscales bolivianas para perseguir políticamente a personas.

"Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política", indicó García-Sayán a través de Twitter, al tiempo que afirmó que "crece el número de detenciones ilegales".

Las palabras del relator especial de la ONU se producen después del arresto este jueves de Gustavo Torrico, diputado del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), acusado de sedición y terrorismo.

"Hoy fue el turno del exministro Gustavo Torrico", lamentó García-Sayán, quien llamó "al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso".

Torrico fue detenido en su casa del barrio de Los Almendros, en el sur de La Paz, según informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC), Iván Rojas, citado por la agencia de noticias ABI.

Rojas justificó el arresto de Torrico en que no acudió a la cita con el Ministerio Público para declarar en el marco de las investigaciones realizadas en su contra y la de otros dirigentes del MAS por sedición y terrorismo por supuestamente incitar a la violencia durante la crisis postelectoral.

Morales denunció la detención de Torrico y manifestó que constituye "una prueba más del Estado de No Derecho en Bolivia", al tiempo que la calificó de "ilegal".

El exmandatario recordó que, además de Torrico, "cinco ex ministros y dos ex directores permanecen como rehenes del Gobierno 'de facto' en la Embajada de México" y el ex ministro Carlos Romero, la apoderada Patricia Hermosa y "dirigentes sociales, indígenas y militantes" siguen detenidos. "Exigimos justicia y libertad, no cometieron delito", subrayó.

El propio Morales ha sido denunciado por sedición y terrorismo ante los tribunales bolivianos y por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por una conversación telefónica en la que presuntamente ordenaría cercar las principales ciudades del país para forzar la caída del gobierno interino de Jeanine Áñez y su vuelta al poder.