El gobierno de República Dominicana anunció un plan para deportar a 10.000 haitianos indocumentados por semana en un intento por controlar la inmigración irregular desde su país vecino, asolado por la violencia de pandillas y la pobreza. Una vez conocida la medida, las autoridades de Haití pidieron respetar los derechos de sus ciudadanos.

Tras “tomar nota” de la decisión, que calificó de “lamentable”, la ministra haitiana de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, llamó al gobierno dominicano, a través de un mensaje en X, “a respetar los derechos inalienables de cada niño, cada mujer y cada hombre” objeto de esta acción, que afectará mayoritariamente a los inmigrantes haitianos.

En ese sentido, aseguró que fortalecerán las capacidades de la misión diplomática y las oficinas consulares de Haití en territorio dominicano “para atender adecuadamente” a sus conciudadanos. Asimismo, según consigna EFE, anunció próximas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la zona fronteriza para definir una estrategia de apoyo a las personas afectadas.

Tras una reunión entre el presidente Luis Abinader y los jefes militares y de inteligencia, el vocero del gobierno dominicano, Homero Figueroa, anunció el miércoles “la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta 10.000 migrantes por semana”.

Figueroa dijo que estas medidas se deben a que los resultados de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití para la Pacificación, liderada por Kenia, han sido limitados y el proceso avanza con lentitud. “Ante esta realidad nos vemos obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la seguridad y estabilidad de nuestro país”, añadió el vocero.

Según indicó Figueroa, el operativo se llevará a cabo “bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados”.

Recientemente el presidente Abinader designó a un militar como nuevo director de Migración en medio de controversias sobre violaciones a los derechos humanos y sobornos a los inmigrantes durante los operativos migratorios, indica The Associated Press.

El nuevo director de Migración es el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, quien asumió el cargo prometiendo fortalecer el control migratorio en todo el territorio nacional y combatir los sobornos que piden los oficiales de migración a cambio de liberar a inmigrantes durante operativos de deportación.

El plan incluye el fortalecimiento de la vigilancia y el control fronterizo mediante un mayor despliegue de personal y equipamiento especializado, un protocolo de identificación de migrantes y su retorno. También aumentarán los recursos humanos en la Dirección General de Migración “para garantizar una respuesta más rápida y eficiente” y se hará un aumento del uso de tecnología de vigilancia, incorporando herramientas tecnológicas avanzadas”, como drones y cámaras.

En su discurso la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU, Abinader dijo que la inestabilidad en Haití “ha generado una presión significativa” sobre la seguridad de República Dominicana, donde viven más de medio millón de haitianos, de acuerdo con distintas fuentes.

Abinader detalló que en 2023 las atenciones médicas a inmigrantes haitianos representaron el 12% del total de los servicios prestados a través del sistema de salud pública. Actualmente hay cerca de 200.000 menores extranjeros en las escuelas dominicanas, de los cuales se estima que 147.906 son de origen haitiano. Estos datos “reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos”, afirmó el mandatario dominicano.

Según la Dirección General de Migración de República Dominicana, en el primer semestre del año se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227). Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó a mediados de julio de que unos 86.000 haitianos habían sido “devueltos a la fuerza” a su país en lo que iba de año desde naciones vecinas, sin especificar cuáles.

La gente se protege de los disparos cerca del Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, Haití, el 21 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Pese a las críticas por los retornos forzosos a Haití y los llamados desde múltiples instancias a parar las deportaciones ante la crisis y la inseguridad en ese país, el año pasado 216.000 haitianos fueron deportados desde Estados vecinos, de acuerdo con el informe de 2023 de esa agencia de Naciones Unidas

Desde su llegada al poder en 2020, Abinader endureció la política migratoria dominicana: multiplicó las redadas de indocumentados y las deportaciones, redobló la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera y levantó un muro de más de 160 kilómetros entre los dos países. El presidente dominicano incluso prometió extender el muro cuando fue reelecto en mayo para un segundo mandato de cuatro años.

Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial y asesinara a Jovenel Moïse. Poco después, Ariel Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y tras varios años de inestabilidad. En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que sacudió la nación caribeña.

El Consejo Presidencial de Transición, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc Fils, acabó designando a Garry Conille el pasado 3 de junio para llevar a cabo esta tarea de pacificación en calidad de jefe del Gobierno. Recientemente, su gabinete anunció la creación de un Consejo Electoral Provisional, organismo encargado de organizar la celebración de las primeras elecciones en el país en una década, ya que los comicios están previstos para 2026 y los últimos se celebraron en 2016.

Una misión multinacional dirigida por Kenia fue desplegada hace pocos meses en Haití para ayudar a la policía local a retomar el control sobre las pandillas que han sembrado el caos en ese país en medio de una crisis política y humanitaria.

Más de 3.600 personas han muerto en Haití en el primer semestre del año debido a la violencia de las pandillas, según la ONU. Además, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que unos 5,4 millones de personas “luchan cada día para poder alimentarse a sí mismos y a sus familias, lo que representa una de las más graves crisis de inseguridad alimentaria en el mundo”.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó extender el mandato de la misión multinacional en Haití hasta el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, el consejo desechó una solicitud del gobierno haitiano para comenzar el análisis de transformar esa misión en un cuerpo de paz de la ONU.