Roberto Gargarella, jurista argentino: “Ya no ocurren golpes de Estado, sino que la democracia se va deteriorando desde adentro”

Roberto Gargarella es un jurista argentino que ha estado pendiente de todos los últimos movimientos del continente cuando de Constituciones se trata, pero también de la relación de la política con el Poder Judicial. Y lo ocurrido últimamente en su país natal, así como en Estados Unidos y Chile -tras los dos procesos constitucionales-, ha copado especialmente su atención.

De paso en Chile, invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) en el marco de la inauguración del año académico del Doctorado en Derecho de la casa de estudios, el experto constitucionalista charló con La Tercera sobre la erosión de la democracia y la actualidad judicial de Argentina y el continente.

Los conceptos de “golpe de Estado” y “dictadura” aparecieron en sectores de ambos lados de la vereda en el contexto de la primera marcha de los jubilados en Argentina. ¿Está de acuerdo con su utilización en el contexto actual del país?

Se puede ver, por un lado, que lo que yo llamaría “el hechizo” con el gobierno se ha terminado. Acabó un período largo de entusiasmo, confianza y de un entendimiento mayoritario en las capacidades intelectuales y las habilidades técnicas del Presidente debido al caso de las criptomonedas. Eso es, en buena medida, una noticia positiva. Diría lo mismo con cualquier gobernante. Esa nube de enamoramiento y el hechizo se terminan, y eso está bien, es importante. Luego todo lo demás forma parte de la retórica y del enojo que yo creo que, en una sociedad polarizada, todos tenemos. Haces bien en presentar ese dilema en la retórica del momento del “golpe de Estado”, por un lado, y de “dictadura” por el otro. Recurrimos a esas formas extremas como un modo de manifestación de nuestros enojos. Y no es irrelevante, dice algo. No habla de la realidad, o sea, no tenemos ni una dictadura ni un golpe de Estado, pero sí son expresiones significativas porque sugieren la polarización y el nivel de enojo que hay de un lado y del otro.

El ministro de Justicia argentino planteó que analizarán el actuar de la jueza Karina Andrade, quien dejó en libertad a 110 personas detenidas el miércoles pasado tras la marcha y dijo que “resolvió con los elementos que tenía”. ¿Qué le parece esta posición del gobierno?

Desde el punto de vista de la Constitución, uno agradece que una jueza cumpla con su misión esencial, que es proteger las garantías básicas. En los riesgos que tienen nuestras democracias en este tiempo, el mayor peligro es que la política o el establishment arrase con derechos constitucionales, por lo que es bueno encontrar a una jueza que hace lo que tiene que hacer, que es que en momentos de alto calor político, de enorme controversia y de enojo público, no se sume a los entusiasmos y a las exigencias producidas al calor de los debates y que se vulnere el derecho. Porque esa es la demanda que la política dominante proclama. Ha estado muy bien en no subirse a la ola de calor del momento para limitar derechos, sino para protegerlos. El caso me toca en un sentido especial, porque en su escrito cuando libera a estas 100 personas, la jueza lo hace citando un solo trabajo que es el mío: mi estudio sobre la protesta. Me sentí muy involucrado con su decisión y también muy identificado, porque hizo lo que muchos académicos decimos, que es que la protesta merece una protección especial, siempre como expresión de crítica política, pero muy en particular en contextos como los nuestros en Argentina, Chile, de crisis política y de representación, y muy en particular en contextos como los de la Argentina, donde constitucionalmente nuestro texto magno aparece comprometido como tantas conciliaciones latinoamericanas, con una lista de derechos sociales, económicos y culturales muy fuertes. El ciudadano común a lo mejor no articula sus demandas en términos de derechos constitucionales, pero lo que hace al salir y protestar, por ejemplo en este caso por las jubilaciones bajas, es estar hablando en nombre de la Constitución, y eso merece una protección muy especial.

¿Es un síntoma de nuestros tiempos estas confrontaciones del Ejecutivo con el Poder Judicial? No es solo en Argentina donde se ven estos casos.

Hay un tema que las ciencias sociales y las ciencias políticas vienen abordando desde hace al menos 10 años, pero yo diría que en América Latina es un tema que viene de mucho más lejos. Pero desde hace al menos una década que las ciencias sociales lo encasillan en términos de erosión democrática, y eso tiene que ver con que las formas de desgaste son distintas a las que eran habituales en nuestra región, donde la democracia moría de un día al otro por un golpe de Estado. Hoy lo que tenemos es un fenómeno distinto que Guillermo O’Donnell, el cientista político, nombró como democracias que mueren lentamente, que caen a través de mil cortes que van desangrándola poco a poco. Ya no ocurren golpes de Estado, sino que la democracia se va deteriorando desde adentro. Y se da partir de un Poder Ejecutivo fuerte, o a partir de un poder político muy concentrado, donde la principal ambición es ir colonizando los poderes de control, y eso sí que lo vemos en México, lo que vimos en Brasil, en el Estados Unidos de Trump, y lo que vemos ahora en Argentina, también expresado en esta designación irregular del juez.

Respecto a ello, en Argentina se debate la nominación de los jueces a la Corte Suprema mediante un decreto de Milei. ¿Lo considera un método válido, o debería respetarse el nombramiento vía Senado?

Hubo dos candidatos que el Presidente designó a través de un decreto. Uno juró ya en la Corte, aunque entiendo que su situación es muy frágil, y el otro todavía no se le permitió ingresar. La iniciativa que tomó el Presidente la hace a partir de una lectura muy abiertamente manipulativa de un artículo constitucional que había nacido en la época de las carretas, cuando el Congreso tenía receso legislativo muy largo. Había una cláusula que se mantuvo hasta hoy y que decía que si en esos meses de receso alguno de los cargos que requieren la afirmación del Senado como, por ejemplo, altos cargos militares o diplomáticos, el Presidente puede completar estos empleos en comisión si se produce con el receso. Esa es un poco la lógica. Y bajo esa cláusula del siglo XIX, el Presidente dice ahora estamos en receso, aun cuando la vacante no se produjo en ese período, y cuando el Senado se estaba encargando perfectamente de la discusión. Además de que es inconstitucional, es la construcción obvia de la dependencia política. Esto porque mientras dure su mandato, la reafirmación del cargo dependerá de que la política de turno quede satisfecha y le dé el respaldo, y por supuesto que durante ese año hará todo lo posible para agradar al Ejecutivo y que lo mantengan en el cargo. Es contrario a la letra de la Constitución, a la lógica de la Constitución, a los principios de la Constitución. Ha sido algo que conmovió a la comunidad jurídica porque era manifiestamente inconstitucional y contrario a los principios constitucionales más básicos.

Finalmente, respecto a Chile, usted estuvo muy atento a los dos procesos constitucionales de los últimos años. Con la perspectiva que entrega la distancia, ¿qué evaluación hace de ambos?

Lo que pasó fue muy importante. No hablaría de que hubo un fracaso, creo que hubo enormes aprendizajes. Se salió con tristeza, con dolor y frustración, sin dudas, pero hoy forman parte del sentido común que las comunidades indígenas tienen que tener un papel y una presencia constitucional, que no pueden recibir la espalda de la democracia constitucional; que reservar sitios especiales para determinados grupos, para minorías o para mujeres puede ser algo razonable; que la inclusión de ciertos compromisos sociales o cierto papel del Estado es importante. En muchos sentidos, hubo mucho de madurez constitucional. No cuajó en un proceso, pero en Nicaragua se puede aprobar un texto constitucional, y en ese sentido uno puede decir: “¡Ah, es un proceso exitoso!”. Yo diría que no. El texto que aprobaron es parte de un fracaso constitucional, entonces el hecho de que haya sido aprobado no debe ser calificado como una lectura de éxito. Aquí hubo, en muchos sentidos, un proceso muy virtuoso, claro, con las decepciones, la frustración y los enojos del momento, pero lo cierto es hubo mucha gente que pensó, hubo mucha gente que escribió y hubo convencionales que hicieron trabajos a partir de un sacrificio personal extraordinario. Hubo mucho aprendizaje en muchos sentidos. No merece que haya desesperación ni angustia al respecto. Te cuento una pequeña anécdota. Cuando en Argentina hubo una discusión muy relevante en el 2019 sobre el aborto, hubo un proceso de movilización social enorme, hubo mucha discusión pública, hubo mucha tensión. Y yo recuerdo que estaba escribiendo un libro sobre cuestiones constitucionales y hablé del tema. Este proceso terminó con una discusión parlamentaria en donde no se aprobó el aborto. Pero yo decía, miren, no hay que hacerse ningún problema porque lo importante ya pasó. El acuerdo ya está, la sociedad cambió, los legisladores maduraron, todos nos involucramos, pensamos sobre un tema que era importantísimo. En la coyuntura no fue aprobada, pero a los dos años, sí. La idea de éxito para mí tiene que ver con ese proceso que va en una corriente más profunda, por debajo de la tierra, por debajo de la superficie visible. En ese sentido, lo realizado es un éxito. ¿Por qué? Porque la sociedad maduró, cambió y hubo un aprendizaje colectivo. Es cierto, es frustrante, como en su momento en Argentina era frustrante que el proyecto de ley de aborto que se discutía en el Congreso cayera, pero la sociedad ya había madurado, se había dado un proceso de involucramiento público extraordinario. Algo muy importante ya ocurrió.