“Exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos”, afirmó la ONG Provea tras la detención sufrida por Rocío San Miguel, la abogada y activista de derechos humanos que fue acusada de mantener vínculos con “Brazalete Blanco”, uno de los supuestos grupos conspirativos que buscaría cometer un magnicidio en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La también experta en seguridad fue detenida el viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija. El sábado en la noche se supo de la detención y el domingo por la tarde el fiscal general Tarek William Saab confirmó el suceso. La detención se da en el contexto de las investigaciones que está realizando el régimen venezolano sobre los casos de conspiración denunciados por Maduro el 15 de enero en su presentación de su Memoria y Cuenta Anual ante la Asamblea Nacional. Por estos hechos, hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas por la justicia chavista, según informó el fiscal general designado por Maduro.
San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, es directora de la ONG Control Ciudadano que desde hace casi 20 años hace seguimiento a la situación de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Pero, además, es una de las víctimas de las primeras prácticas de persecución, discriminación y restricción de libertades en tiempos de Hugo Chávez. San Miguel trabajaba en el Consejo Nacional de Fronteras en 2004 y fue despedida por haber firmado a favor de la realización de un referéndum revocatorio en contra del entonces presidente, a partir de la llamada Lista Tascón, un instrumento que usó el chavismo para filtrar lealtades dentro del Estado, según relata el diario español El País.
Desde entonces se dedicó a documentar casos de violación de derechos humanos a través de su ONG Control Ciudadano. También ha supervisado los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al gobierno venezolano que cumpliera la sentencia del caso Lista Tascón.
Según afirmó Saab en enero, “Brazalete Blanco” es la conspiración más reciente de cinco que las autoridades desmantelaron desde mayo del año pasado, por las que fueron detenidos civiles y militares. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, también informó de la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que incluían el supuesto intento de asesinato de Maduro.
Los familiares y compañeros de Rocío San Miguel desconocen el paradero de la reconocida activista de derechos humanos, según informó el diario El Mundo. El abogado de San Miguel, Juan González Taguarico, alertó que no solamente desconocen el paradero de la activista de derechos humanos detenida el 9 de febrero, sino de otros cinco familiares, incluida su hija Miranda Díaz San Miguel y su padre. El fiscal aseguró, además, que las investigaciones “continúan su curso, recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señalado por el régimen por financiamiento extranjero, denunció a través de la red social X que “Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”.
A su vez, Amnistía Internacional (AI) pidió la libertad “inmediata e incondicional” de la activista y defensora de derechos humanos. También mediante X, la entidad aseguró que “está monitoreando la denuncia de desaparición forzada” y pidió el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como “acceso a abogados y familiares”.
La líder opositora María Corina Machado también denunció la situación. “Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y perseguidos políticos en Venezuela”, escribió en la red social de Elon Musk. Tres jefes regionales de su campaña electoral y de su partido, Vente Venezuela, también están detenidos acusados de participar en las mismas conspiraciones denunciadas por el régimen.
El gobierno y la oposición firmaron en octubre pasado un acuerdo político de cara a las presidenciales que supuestamente se realizarán este año, que llevó a liberar a 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos que estaban presos en Venezuela por motivos políticos, a cambio de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro y quien se encontraba detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero.
