Rosario sin homicidios: El plan que permitió a la ciudad argentina contener la violencia

Corría el 18 de diciembre de 2023, y un grupo de políticos argentinos, liderados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunía frente al Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, para anunciar lo que sería el lanzamiento de una estrategia inédita en el país. Se trataba del plan “Bandera”, la gran apuesta del gobierno de Javier Milei para poner un freno a la inseguridad y el narcotráfico en la zona.

El lugar donde se reunieron Bullrich y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe -provincia en la que se encuentra Rosario-, no fue escogido al azar: se trataba de la ciudad más peligrosa en Argentina, con 228 asesinatos en 2022, en su mayoría atribuidos a bandas criminales. A casi siete meses de que se implementara el plan, las autoridades locales y la Casa Rosada comienzan a sonreír, aunque son cautos en cantar una victoria definitiva. Esto, porque agosto se convirtió en el primer mes con cero homicidios en Rosario.

Fiel a su estilo, Bullrich celebró ese hito y atribuyó la caída de los homicidios al plan “Bandera”. “Nunca hubo un número tan bajo”, señaló. “Esto es muy importante porque en el país se decía que lo que pasaba en Rosario se iba a extender al resto de la nación, sin embargo, logramos el control territorial y el encapsulamiento de las bandas”, destacó.

Según cifras oficiales, desde que existen registros de estadística criminal (2013), es la primera vez que en un mes no hay asesinatos. A su vez, medios locales hablan de una disminución inédita en 22 años. Entre enero y agosto, Rosario registró 66 homicidios, una reducción de un 65% respecto del mismo período en 2023 (188 asesinatos).

En 2023, la ciudad -cuna de Lionel Messi, Fito Páez y Ernesto “Che” Guevara- cerró con una tasa de 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una tasa cinco veces mayor que el promedio nacional (4,2). Como los temas sobre seguridad suelen ser complejos, tanto analistas como organizaciones coinciden en que el éxito en la reducción de los distintos indicadores en la ciudad no pueden ser atribuidos a un único factor, como el plan “Bandera”, una intervención federal a gran escala en el modelo de contención del delito, con una gran inyección de recursos humanos y monetarios en la labor policial.

“Las estadísticas son elocuentes en torno a la baja de la tasa de homicidios vinculados al conflicto entre bandas que se disputan el territorio para la venta de drogas. Las explicaciones de este fenómeno, como todos los vinculados a los temas de seguridad, no pueden ser atribuidas a un solo factor”, explica a La Tercera Sebastián Basso, profesor de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA) y director académico de temas de seguridad.

En términos numéricos, el cambio salta a la vista. En la anterior dirección provincial de Omar Perotti, la cantidad de patrullas que resguardaban las calles era de 20. Ahora, el número se disparó a 239, equivalente a un incremento del 582%, detalló Infobae. Esto permitió que el tiempo de respuesta a una emergencia reportada en el 911 (número para contactar a las autoridades de respuesta rápida) disminuyera a entre 6 y 8 minutos, cuando antes tardaban 20 minutos en llegar.

Junto a ello, y gracias al carácter federal del plan, se dotó a la ciudad santafesina de 1.755 agentes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. En la misma línea, informó el equipo de prensa de la ministra Bullrich a fines de agosto, en los lugares en los que se desplegaron se redujo en un 74% la tasa de homicidios, pero también aumentó un 500% la incautación de cocaína.

“Claramente, el plan Bandera y la coordinación y cooperación con los otros dos niveles estatales involucrados han contribuido a la baja de los homicidios”, apunta Basso.

Este experto cree necesario “destacar también las medidas que se adoptaron en el plano penitenciario. Como estamos hablando de organizaciones criminales que tienen mucho dinero a disposición y pueden corromper cualquier estructura, se puede partir de la base que la privación de la libertad de sus líderes no es obstáculo para que sigan operando desde la cárcel”, añadió.

En la misma fecha en que se implementó el plan “Bandera”, las cárceles federales y de la provincia de Santa Fe iniciaron un protocolo para detenidos de alto riesgo en el que se les impidió un contacto abierto con el exterior. “De esa forma se logró reducir al mínimo la posibilidad que los líderes pudieran seguir manejando desde la cárcel los destinos de las organizaciones criminales”, comentó Basso.

Según el diario transandino La Nación, “por día las cárceles de Santa Fe suman un promedio de cinco presos a su población. Si se hace la proyección anual, son 1.825 presos que se suman a los 10.367 que hay actualmente. Si no hay una inversión casi permanente para ampliar la capacidad de las cárceles, o construir nuevas, el sistema colapsa. Por eso, la Unidad Penal N°11 de Piñero se transformará en una especie de ciudad”.

De acuerdo con ese mismo periódico, la creación del Centro Reclusorio para Internos de Alto Perfil (CeRiap) incluirá la construcción de cuatro minipenales de 288 celdas, con 12 pabellones de 24 celdas, para alojar a 1.152 reclusos. La idea es que esté operativa en 2026. La autoridades locales ya la han calificado como “la cárcel será la más segura del país”.

A juicio de Julio Burdman, analista político argentino, la noticia sobre el mes sin homicidios “tuvo bastante impacto en Santa Fe, una de las provincias más importantes del país, que también es clave para el equilibrio político nacional”. Según dijo a La Tercera, su gobernador, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR), “está siempre a punto intermedio entre el oficialismo y la oposición, pero mantiene una cierta autonomía. Y este avance de la política antinarcos en Rosario de alguna forma compromete al gobernador de Santa Fe con el gobierno nacional”.

Esa clave política es especialmente importante en una nación en que las provincias y el federalismo tienen peso a nivel nacional. Ese compromiso, cree Burdman, “es el dato más relevante. Es un poco sutil, pero significativo, porque se traduce en que el gobernador de Santa Fe tiene más complicado hacerse opositor y está más comprometido con el gobierno, porque queda agradecido y además porque hoy comparte un mismo electorado, porque los mismos que votaron por él están contentos con la política de seguridad de Milei en la provincia”.

Pullaro, temeroso de que la delgada línea de la tranquilidad en la ciudad se pueda quebrar, prefiere la cautela, relata el medio local Aires de Santa Fe. Así, el gobierno provincial optó por “no celebrar los números positivos que salen de las estadísticas, a diferencia del estilo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envuelta en una coyuntura política diferente en el gabinete de Javier Milei”.

En el último informe de la ONG Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera, detallan que también ayudó la “revalorización del accionar de las fuerzas policiales por parte del gobierno provincial”.

Por un lado, está el factor “informal”, es decir, el discurso político que respalda a la policía “a través del análisis de la comunicación oficial del gobierno provincial y de las declaraciones en los medios del gobernador y del ministro de Justicia y Seguridad”.

Por otra parte, está también el aspecto más “formal”, donde “se ha podido percibir una mutación en la manera de gestionar las fuerzas policiales, siendo más verticalistas y con mayor injerencia en el direccionamiento y el control por parte del Poder Ejecutivo provincial”.

Otro elemento destacado por Aires de Santa Fe apunta a la reestructuración de la Fiscalía de Rosario. Esta intervención, de acuerdo con ese portal argentino, “cortó con una tendencia que se había acentuado en los últimos años, en los que había grupos de policías, entonces alistados en la Agencia de Investigación Criminal, que trabajaban casi exclusivamente para determinados fiscales. Este esquema, según delinearon, conspiraba contra la generación de investigaciones y gestaba internas en la Policía de Investigaciones, que también fue reconfigurada”.

Quizás el factor menos tradicional, pero que ha sido resaltado por distintos medios argentinos es la creciente presencia religiosa, especialmente de pastores evangélicos, en las cárceles santafesinas. Se trata de una alianza que gestó el propio gobernador Pullaro, donde apuesta a que los cerca de 15.000 pastores que hay en Rosario ayuden a evitar que nuevas generaciones se introduzcan en las bandas narco.

Según Aire Digital, “en el gobierno creen que, en la baja de los homicidios, incidió el trabajo de los pastores evangélicos en las cárceles y en los barrios más vulnerables”.

En ese sentido, en la gobernación de Santa Fe estiman que el crimen organizado tiene un sustento místico que ha crecido con la veneración de “santos” paganos a los que se les ha llegado incluso a ofrecer la muerte de personas. De esta manera, los santuarios paganos no solo se han diseminado en la ciudad, sino también en las cárceles. Y es en esos espacios donde los pastores evangélicos estarían jugando un rol clave.

De todos modos, “la tregua” en la ciudad pareció romperse a comienzos de mes, cuando Samuel Medina, yerno del líder de la banda narco Los Monos, murió producto de 16 disparos. Eso sí, si bien este crimen ha vuelto a encender las alertas, contrasta con los 190 homicidios registrados el año pasado.

Así, la gran interrogante es si la cifra de asesinatos en Rosario podrá o no mantenerse en el tiempo, o si agosto fue un evento “aislado”. Sebastián Basso cree que es fundamental seguir desarrollando las medidas que han tenido éxito hasta ahora: “Para ser exitoso a lo largo del tiempo, todo plan de seguridad debe ser dinámico. Si se ponen en práctica otros dispositivos de seguridad y se acentúan políticas públicas más allá de las de seguridad, como educación, salud y asistencia social, seguramente Rosario reducirá al mínimo la presencia de bandas que desafíen tan abiertamente la autoridad del Estado”.