El gobierno ruso anunció que se desentiende por completo de la orden de arresto emitida este viernes por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Presidente Vladimir Putin, al entender que se trata de una instrucción “legalmente nula” dado que el país no reconoce a la corte.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró que la mera formulación de estas órdenes es “escandalosa e inaceptable” dado que se efectuó a sabiendas de que Rusia está fuera del ámbito de actuación del tribunal al haber presentado su retirada del Estatuto de Roma, cimiento legal de la CPI, en noviembre de 2016.

Peskov no contestó preguntas sobre la posibilidad de que otros Estados parte del estatuto ejecuten la orden de arresto contra Putin en cuanto ponga pie en ellos. Cabe recordar que el presidente ruso tiene pendiente una cumbre en Sudáfrica de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para agosto, pero está el precedente de que el gobierno sudafricano ha ignorado órdenes parecidas en el pasado.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, junto a su portavoz, Dmitry Peskov, en Moscú, el 15 de junio de 2017. Foto: AP

“No tengo nada más que agregar al respecto”, zanjó Peskov en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

Nada más conocer la orden de la CPI ya se había expresado en los mismos términos la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. “Rusia no es parte del Estatuto de Roma y no tiene obligaciones en virtud del mismo”, recordó la portavoz en declaraciones publicadas en el canal de Telegram de la cartera.

Dado que el país se retiró del mencionado estatuto en 2016 -sobre un texto que firmó, pero nunca ratificó-, “Rusia no coopera con este organismo y cualquier posible ‘orden’ de arresto que proceda de esa corte es legalmente nula y carece de valor”, sentenció la portavoz.

La CPI emitió la orden contra Putin bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

La corte entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.