Rusia denunció este martes las amenazas y sanciones de países de la UE contra funcionarios bielorrusos y manifestó su apoyo al vago proyecto de reforma constitucional del presidente Alexander Lukashenko en respuesta al movimiento de protesta.

En declaraciones ante estudiantes del prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, afirmó estar “convencido de que el pueblo bielorruso tendrá por sí mismo los medios para resolver la crisis política en el país”.

“Hay asuntos que deben discutirse, es algo obvio”, añadió, citado por las agencias de prensa rusas, antes de acusar a algunos colegas occidentales “de erigirse en jueces” y “dictar sentencias”, al plantear adoptar sanciones.

“Consideramos que esto es algo inaceptable en el mundo moderno”, continuó el canciller ruso.

Además, planteó una distinción entre la “vieja Europa”, que comprende la necesidad de actuar de manera equilibrada”, y “los vecinos de Bielorrusia, que quieren integrar a toda la Unión Europea en su férrea plataforma anti-Lukashenko”.

Lavrov también apoyó la idea de reforma constitucional del presidente bielorruso, pero cuyos contornos continúan siendo muy vagos, estimando que se trata de un contexto adecuado para “organizar un diálogo con la sociedad civil”.

Lukashenko no ha dado detalles concretos sobre este proyecto de revisión constitucional, salvo que será validado mediante referéndum y que centrará las discusiones con “grupos de iniciativa”, pero no así con la oposición, que desde hace casi un mes reúne en manifestaciones sin precedentes a multitudes, denunciando la reelección su reelección de l 9 de agosto, considerada fraudulenta. El jefe del Estado se mantiene en el poder desde 1994.

El lunes, los países Bálticos (Lituania, Estonia y Letonia) declararon a Alexander Lukashenko persona non grata, al igual que a otros 29 altos funcionarios de su régimen.

La UE también considera imponer prohibiciones de entrada y bloqueo de activos para funcionarios bielorrusos, pero este listado requiere la aprobación de los 27 Estados miembros y todavía no es algo unánime, puesto que algunos creen que esto podría obstaculizar los esfuerzos de mediación.

Lituania, por su parte, brinda asilo a la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, quien se refugió en ese país tras la represión contra las primeras manifestaciones, en agosto.