Una imagen ha desatado un acalorado debate en Argentina. La fotografía del presidente Mauricio Macri estrechando la mano de un policía acusado de homicidio en exceso de legítima defensa por matar a un ladrón es considerada por sus críticos como la muestra de que su gobierno respaldaría una nueva política de seguridad en la que las fuerzas federales pueden disparar primero e investigar después.

Las autoridades han dicho que lo único que muestra esa imagen es el deseo del gobierno de reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad y no mostrarlas como las culpables de todo.

En un paí­s con un largo historial de dictaduras y abusos a los derechos humanos, el debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad está abierto de nuevo.

El agente Luis Chocobar persiguió y le disparó por la espalda a un delincuente de 18 años después de que hiriera de gravedad a un turista estadounidense para robarle la cámara de fotos el 8 de diciembre. El joven murió cuatro dí­as después debido a que uno de los disparos afectó sus órganos vitales.

Mientras la familia del delincuente y organismos de derechos humanos acusaron al policí­a de ejecutar al joven, Macri recibió a Chocobar en la casa de gobierno como un héroe justo después de que la justicia lo acusara formalmente.

"Querí­a ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentí­a", escribió Macri en Facebook junto a la fotografí­a que tuvo unos 90.000 me gusta, más del doble de lo que reciben en promedio sus publicaciones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la imagen "ratifica una mirada de este gobierno que las fuerzas de seguridad no son, como durante muchos años fueron, las principales culpables de un enfrentamiento". Para la funcionaria, "estamos cambiando esta doctrina de que la culpa era siempre de la policí­a".

Al igual que en varios paí­ses de América Latina, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Sin embargo, la abogada Marí­a del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtió sobre los riesgos que se avecinan.

"Se presume que cada vez que un uniformado mata a una persona fue un enfrentamiento y se defiende como polí­tica pública su accionar", sostuvo Verdú en diálogo con The Associated Press.

Según Correpi, durante los dos primeros años del gobierno de Macri se registraron 725 casos de "gatillo fácil" o ví­ctimas del accionar represivo, la cifra más alta desde el retorno de la democracia en 1983. El Ministerio de Seguridad rechaza la cifra.

El gobierno del conservador Macri prometió rescatar a las fuerzas de seguridad del desprestigio al que fueron sometidas durante los mandatos de los peronistas de centroizquierda Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), quienes impulsaron purgas en la policí­a y las fuerzas armadas a medida que la justicia avanzaba en los demorados juicios por crí­menes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

El matrimonio Kirchner siguió una doctrina judicial considerada "garantista" que promueve una aplicación más benigna del Código Penal a favor de los delincuentes. Según el actual gobierno, esa corriente favoreció un aumento del delito.

"La dictadura marcó un deterioro de la relación de la sociedad civil con los uniformados que evidentemente no se resuelve" dijo a la AP Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.

Las estadísticas nacionales sobre inseguridad se discontinuaron durante el kirchnerismo y se restablecieron cuando Macri asumió en 2015.

Un informe del Ministerio de Seguridad de 2017 reveló una leve caí­da en la tasa de homicidios y robos respecto del año anterior.

"A la gente en temas de seguridad las variaciones estadí­sticas le representan muy poco", afirmó D'Adamo. "En el caso de Argentina el deterioro del delito se dio en una unidad de tiempo muy corto. Hay paí­ses latinoamericanos que conviven con esta situación desde hace 50 años. Acá de golpe la gente tuvo que incorporar medidas de seguridad", agregó.

Para el analista, la fotografí­a de Macri con Chocobar es un gesto "poderosí­simo" que podrí­a impactar favorablemente a sectores populares y de clase media.

Antes de Chocobar, el gobierno habí­a respaldado el accionar de fuerzas federales durante el desalojo de activistas que bloqueaban una carretera en la Patagonia y en el cual murió ahogado el artesano Santiago Maldonado en circunstancias que todaví­a la justicia investiga.

Además, apoyó a los agentes federales que participaron, también en la Patagonia, de un violento enfrentamiento con mapuches que ocupaban un parque nacional en el que murió un joven de un disparo por la espalda proveniente de un arma de la fuerza.

"Esta progresiva identificación entre autoridad polí­tica e institución policial implica en la práctica una renuncia a controlar a las fuerzas, al menos en lo que hace a los casos de violencia policial", sostuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado.

Pese a las críticas, al parecer el gobierno de Macri privilegia los beneficios polí­ticos de endurecer el discurso contra la delincuencia, especialmente cuando la popularidad del mandatario ha caí­do entre 10 y 15 puntos según distintas encuestas a causa de una elevada inflación y la suba del combustible y las tarifas de transporte y servicios públicos.