Desde la noche del lunes, Santa Cruz -el departamento más productivo y poblado de Bolivia-, se "paralizó" para marchar contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ante el llamado a huelga cívica de 24 horas convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que exige la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras acusar una serie de irregularidades.
Además, la movilización se realizó para "reafirmar la ilegalidad" de la cuarta candidatura del Presidente Evo Morales, que fue rechazada por el 51% de los bolivianos en el referéndum del 21 de febrero de 2016.
Un ataúd con el letrero "Evo no mates la democracia y libertad", banderas del 21-F, bloqueos y calles vacías marcaron la jornada en Santa Cruz, histórico bastión opositor, pero donde Evo Morales se impuso en las elecciones de 2014.
El Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa organizaciones de nueve departamentos bolivianos, aseguró ayer que realizarán una serie de huelgas escalonadas regionales para finalizar en un paro nacional antes de las elecciones de octubre, en el que consideraran el cierre de las fronteras, según el diario El Deber.
"El 21-F será una piedra en el zapato del gobierno de Evo Morales. El paro en Santa Cruz ha tenido mayor resonancia de la que se esperaba originalmente. Creo que este movimiento de cuestionamiento contra el órgano electoral y el 21-F será permanente, episódico e intermitente, de distintas intensidades y magnitudes", señaló a La Tercera Erika Brockmann, exsenadora boliviana y politóloga. Y agregó: "Las protestas acumuladas son una fuente de deslegitimación muy fuerte contra la candidatura del binomio oficialista, que pone en evidencia la debilidad de origen que tiene y las condiciones inconstitucionales de la habilitación de la candidatura del MAS".
La oposición boliviana ha criticado duramente la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que en 2017 dio luz verde a la candidatura de Evo Morales al considerarla como un "derecho humano".
A esto se sumó una serie de polémicas al interior del TSE, al que la oposición acusa de estar manipulado por el MAS, especialmente tras la renuncia en 2018 de la expresidenta del órgano electoral, Katia Uriona, y los vocales Dunia Sandoval y José Luis Exeni.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, consideró que "el paro cívico le hace daño al departamento de Santa Cruz", mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que la situación era normal y que solicitaron a la policía "no intervenir en los bloqueos".
"El primer aniversario del 21-F fue bastante contundente, pero fue disminuyendo. Tras las primarias y algunas decisiones polémicas del TSE, los cívicos reactivaron las movilizaciones. Hoy vemos un intento de generar movimiento en las urbes con el 21-F, pero más sobre el debilitamiento del TSE", dijo el analista político boliviano Marcelo Arequipa.
En la movilización participaron los principales candidatos presidenciales de oposición, como el expresidente Carlos Mesa; el senador Óscar Ortiz; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la dirigente sindical Ruth Nina.
