Los bloqueos que mantuvieron aislada a la provincia boliviana de Santa Cruz por más de 15 días fueron levantados el miércoles mientras se esperan las medidas que tomará un cabildo nacional convocado en defensa del gobernador y líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente por cargos de terrorismo.
“Se ha resuelto levantar los bloqueos a partir de las 00.00 del miércoles... No descartamos volver con nuestras medidas”, informó el presidente de las zonas rurales de Santa Cruz, Ernesto Serrate, a The Associated Press. El movimiento cívico reportó que levantaron cinco puntos de bloqueo.
Además, aseguró que continúan las vigilias pacíficas en las instituciones públicas hasta que el cabildo del 25 de enero determine qué medidas tomará en favor de Camacho, detenido preventivamente en una cárcel por cuatro meses. Los camioneros varados agradecieron la reapertura de las carreteras.
La televisora estatal Bolivia TV reportó que se mantenían puntos pequeños de bloqueos pero que los principales ya fueron levantados por lo que los autobuses salían con normalidad de la terminal de Santa Cruz.
Las protestas iniciaron el 28 de diciembre después de la detención de Camacho con la quema de más de 20 instituciones, entre ellas la Fiscalía, que dejaron varios heridos. Autoridades investigan la muerte de uno de los heridos que perdió un ojo el 1 de enero y falleció 14 días después de un paro cardiaco.
En Santa Cruz, bastión opositor al presidente Luis Arce, consideran que el gobierno “ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado, inseguridad jurídica”, según un comunicado público. La oposición asegura que en el país hay una persecución política a los opositores.
Por su parte, el gobierno sostiene que no se trata de una venganza y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró recientemente que en la detención del gobernador se respetaron sus derechos.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que sigue de cerca las protestas en Santa Cruz y condenó “todo tipo de violencia”
“La CIDH rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días”, informó el organismo y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) en un comunicado de prensa.
La CIDH aseguró en el comunicado que hará un “seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativo a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió en su cuenta de Twitter que el gobierno de Arce “es respetuoso de los derechos humanos y abierto a la observación internacional”.
Como líder opositor, Camacho tomó protagonismo en la crisis política y social de 2019 que sobrevino a las fallidas elecciones en las que el entonces presidente Evo Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo. Los comicios fueron anulados por denuncias de fraude y poco después Morales renunció y asumió la presidenta interina Jeanine Áñez. El conflicto dejó 37 fallecidos.
Por las movilizaciones de entonces se relaciona a Camacho con los cargos de presunto terrorismo.
Áñez fue condenada a 10 años por ejercer el cargo de forma ilegal. Más de medio centenar de líderes opositores y militares están en prisión y procesados por supuesta conspiración y terrorismo.
El ministro de Justicia anunció que la próxima semana llegará una delegación de la CIDH para verificar los avances de las recomendaciones que hizo en un informe sobre las protestas de 2019.
