Se cumple en las próximas horas un plazo judicial impuesto al gobierno de Donald Trump para reunir a miles de niños y padres separados por la fuerza en la frontera entre México y Estados Unidos, una tarea logística colosal producto de la política de "tolerancia cero" para los ingresos sin autorización.
Las autoridades han identificado a 2.551 niños de cinco años o más comprendidos por la orden de reunirlos con sus padres. Abogados gubernamentales dijeron a un juez que 917 padres de cerca de 2.500 que fueron separados de su hijos podrían no calificar para una reunificación inmediata porque ya fueron deportados, desistieron del proceso, tienen antecedentes criminales o se les descarta por no ser idóneos.
Pero también se prevé que las autoridades proclamarán que la orden fue cumplida al concentrarse únicamente en las familias que el gobierno considera "aptas" para la reunificación.
Para el martes, 1.021 padres habían sido reunidos con sus hijos en instalaciones de la policía de inmigración y aduanas ICE. Cientos más habían recibido la autorización y solo esperaban transporte.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en el Congreso el miércoles que el gobierno estaba "encaminado" en el cumplimiento del plazo, una afirmación recibida con incredulidad y furia por el Bloque de Legisladores Hispanos, integrado exclusivamente por demócratas, según personas que asistieron. Nielsen se negó a hacer declaraciones a la prensa después de la reunión a puertas cerradas.
Abogados de los inmigrantes dicen que los esfuerzos del gobierno han sido caóticos. El miércoles la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó testimonios de padres presionados a renunciar a la reunificación o a firmar papeles de deportación que no entendieron.
La ACLU pidió al juez Dana Sabraw, en San Diego, una suspensión del procedimiento por siete días en las deportaciones de las familias luego de que volvieran a estar juntas. El argumento es que sus defensas necesitan tiempo para asegurar que los padres entiendan sus derechos y consideren sus opciones.
La petición va incluida en la querella que presentó la ACLU para impugnar la separación de padres de sus hijos bajo la política del gobierno de Donald Trump de tolerancia cero, que apunta a desalentar la inmigración ilegal.
Ante la indignación pública, Washington ordenó en junio que se detuvieran las separaciones. Un fallo del juez Sabraw determinó que para el jueves el gobierno debía reunir a las familias que había separado.
Para el lunes, funcionarios dijeron que habían reunido a 879 padres con sus niños e identificado a 1.634 padres posiblemente elegibles para reunificación. No se entregaron cifras actualizadas.
