“Él va a continuar siendo mi ministro porque confío en él”. Con esas palabras el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ratificó este jueves en el cargo a su secretario de Defensa, José Múcio, quien había sido blanco de duras críticas por parte amplios sectores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y afines al gobierno por supuestamente infravalorar las protestas que luego estallaron en los asaltos del domingo a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia, por parte de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
“Siento el más profundo respeto por él y va a continuar. Si tuviera que cambiar ministros cada vez que cometen un error sería la mayor rotación de mano de obra de la historia de Brasil”, expresó Lula en una conversación con periodistas en el Palacio del Planalto, uno de los lugares violentados por los manifestantes bolsonaristas.
“Todos cometemos errores. José Múcio va a continuar”, zanjó el mandatario, quien, según la prensa brasileña, ya le hizo saber estos días al ministro de Defensa su malestar por la supuesta displicencia que habría mostrado con las protestas que finalmente derivaron en al asalto a las sedes de los tres poderes, según consigna Europa Press.
Desde el PT se había conminado a Lula para que cesara a Múcio por su supuesta connivencia con los asaltantes, recordando cómo se mostró partidario de no desmantelar por la fuerza los campamentos bolsonaristas desde los que se gestó el ataque y desde donde han estado pidiendo un golpe militar tras la derrota en las urnas de Bolsonaro el pasado 30 de octubre.
En esa línea se manifestó públicamente el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien dijo que confía en que desde el Ministerio de Defensa se analice por qué el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) no actuó en la seguridad del palacio presidencial.
“Quiero creer que el general Gonçalves Dias, que es el jefe del GSI, así como el ministro Múcio están evaluando esta circunstancia. De hecho, su premisa es correcta: hay un contingente dedicado a la protección de lo que es sede de la Presidencia de la República. Los hechos muestran que este contingente no actuó. Y por qué no actuó es en realidad objeto de una investigación que no se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Justicia; hay una investigación específica por parte del GSI y el Ministerio de Defensa. Quiero creer que esta investigación se llevará a cabo”, manifestó Dino.
Las dudas acerca de Múcio, de quien se destacó su papel conciliador para tratar con las Fuerzas Armadas, datan de las semanas previas a la toma de posesión de Lula, cuando algunos en el gobierno eran partidarios de expulsar a quienes estaban acampados a las puertas de las sedes del Ejército en varias capitales del país. Múcio insistió en que eran manifestaciones “democráticas” y bien podría afirmarlo “con mucha autoridad”, ya que tenía “amigos y familiares” en esos mismos campamentos.
Múcio fue elegido por Lula para la cartera de Defensa precisamente por ser considerado un político moderado y conciliador. Entre sus roles está precisamente el de interlocución entre el gobierno y los militares, en un ambiente de polarización política de las fuerzas, que cuentan con sectores cercanos al expresidente Bolsonaro, apunta el sitio G1 de Globo.
Al respecto, Lula señaló este jueves que las Fuerzas Armadas “no son el poder moderador que creen que son” y expuso la desconfianza con la seguridad del Palacio de Planalto al decir que está convencido de que policías y militares permitieron que los golpistas invadieran la sede del Poder Ejecutivo el pasado domingo.
“Esta es la imagen que tengo de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que saben que su rol está definido en la Constitución. Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen que son. Las Fuerzas Armadas tienen un rol en la Constitución, que es defensa del pueblo brasileño y de nuestra soberanía frente a posibles enemigos externos. Ese es el papel de las Fuerzas Armadas y está definido en nuestra Constitución. Eso es lo que quiero que sea bien hecho”, dijo el petista, en un desayuno con periodistas en el Palacio de Planalto.
Lula firmó que tuvo una buena relación con los militares durante sus dos primeros mandatos presidenciales, entre 2003 y 2010. Señaló, sin embargo, que lo militar fue “contaminado” por Bolsonaro, quien empezó a tratar a las Fuerzas Armadas “como si fuera lo suyo”.
El mandatario izquierdista reiteró que las manifestaciones frente a los cuarteles no eran democráticas porque pedían un golpe de Estado. Criticó la presencia de familiares de militares en estos campamentos bolsonaristas. “Vimos a la esposa de un general, esposa e hija de un general gritando ‘golpe’ en el campamento. Esto no es normal”, señaló.
Afirmó que volverá a reunirse con Múcio y los comandantes de las tres ramas de las FF.AA. para tratar el asunto. “Tenemos que establecer una relación civilizada, respetuosa, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer. Y consolidar la democracia en la relación con el Congreso”, completó Lula.
Plan para cambiar resultado de elecciones
Confirmando el clima agitado que se vive por estos días en el país, la Policía Federal (PF) encontró en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia, una minuta (propuesta) de decreto para que el entonces presidente Bolsonaro estableciera un estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE). El objetivo, según el texto, era revertir el resultado de la elección, en la que triunfó Lula. Tal medida sería inconstitucional, señaló el diario Folha de Sao Paulo.
El documento de tres páginas, realizado en computador, fue encontrado en el armario del exministro durante un allanamiento realizado el martes. Según el periódico paulista, la PF investigará las circunstancias de la elaboración de la propuesta.
En Twitter, Torres habló sobre el borrador. Dijo que el “documento citado se filtró fuera de contexto y ayudó a alimentar narrativas falaces” en su contra. “Respeto la democracia brasileña. Tengo la conciencia tranquila con respecto a mi papel como ministro”, agregó.
Según un experto consultado por G1, el “objetivo” del decreto “sería interferir en el Tribunal Superior Electoral para que Bolsonaro se autodeclarara ganador de las elecciones”. Renato Ribeiro de Almeida, coordinador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (Abradep), también afirmó que el decreto, de publicarse, sería “totalmente inconstitucional”.
“Es un golpe de Estado. No hay previsión legal para eso. No existe en el estado democrático de derecho. Es un acto preparatorio del delito. De ponerse en práctica, llevaría a la detención de Anderson Torres y del mismo Jair Bolsonaro”, dijo el especialista.
El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó esta semana la detención de Torres, quien viajó a Estados Unidos y aún no ha regresado a Brasil. Aliado de Bolsonaro, el exministro de Justicia acababa de ser nombrado secretario de Seguridad en Brasilia.
Como consecuencia de los actos “golpistas” y “terroristas”, tal y como los han definido las autoridades brasileñas, Moraes cesó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y a Torres, por “omisión” de funciones y “connivencia” con la turba.
“Los hombres de la Policía Militar son los mismos que participaron en la ejemplar operación del 1 de enero en la toma de posesión del Presidente Lula, lo que cambió entre el día 1 y 8 fue que el señor Anderson Torres asumió la secretaría el día 2. Él cesó a buena parte del comando de la secretaría y viajó a Estados Unidos, inclusive sin estar de vacaciones”, argumentó el nuevo encargado de la seguridad de Brasilia, Ricardo Cappelli.
