El Senado de Brasil anunció este domingo el aplazamiento para el próximo miércoles del informe de una comisión investigadora sobre presuntos actos “criminales” del gobierno del presidente Jair Bolsonaro durante la pandemia de coronavirus.
Los senadores querían más tiempo para debatir ese contenido del informe de un millar de páginas y será “leído el miércoles por el miembro relator Renan Calheiros”, dijo en Twitter el presidente de la Comisión Investigadora (CPI) Omar Asiz.
La votación del informe, que estaba prevista inicialmente para el miércoles, se realizará la semana próxima, el 26 de octubre, añadió
El viernes, Calheiros, había anunciado al menos 11 cargos contra Bolsonaro, entre ellos “homicidio por omisión”, “charlatanería”, “genocidio de indígenas” y “crimen de lesa humanidad” por la pandemia que dejó más de 600.000 muertos en Brasil.
Los analistas coinciden en que el impacto a corto plazo del informe final de la CPI será “simbólico”, porque el mandatario brasileño aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un juicio político.
Sin embargo, las consecuencias políticas podrían resultar desastrosas para Bolsonaro, quien está lejos de tener la certeza de ser reelegido en menos de un año y derrotar al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde abril, once senadores escudriñaron en una pequeña sala del Senado en Brasilia las presuntas omisiones y mentiras del gobierno de Bolsonaro en la gestión de la pandemia.
En las acaloradas sesiones televisadas con incisivas entrevistas a decenas de testigos hubo gritos, insultos, lágrimas y hasta un detenido por mentir.
“Prácticas pavorosas”
La CPI escuchó a casi 60 testigos durante audiencias a menudo tormentosas, con muchas revelaciones comprometedoras para el gobierno.
En un principio, hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno en comprar vacunas o la existencia de un “gabinete paralelo” de médicos y virólogos defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro la apertura de una investigación judicial por “prevaricación” al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, a la Policía Federal.
O las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el “tratamiento precoz” del coronavirus.
Ahí saltó el escándalo Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad acusada, entre otros delitos, de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus. La Fiscalía de Sao Paulo investiga ese caso, que ha impactado a Brasil.
“Lo que pasó con Prevent Senior es lo más pavoroso, desconozco prácticas parecidas en hospitales de la segunda guerra mundial”, declaró Bruna Morato, abogada de 12 médicos de la operadora que denunciaron esas prácticas.
