El Pleno del Senado de España aprobó este miércoles definitivamente y sin modificaciones el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que, además de condenar por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista, flexibiliza los criterios para obtener la nacionalidad española a quienes sufrieron el exilio.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en “la nevera” al no ver el gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que, a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC, según detalla Europa Press.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias.

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos y la posible reparación económica que ello conllevara.

En concreto, la ley mandata al gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983″. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.

La norma tiene otro aspecto central en materia de reparación por los exilios forzados de la dictadura franquista: una flexibilidad para obtener la nacionalidad que beneficiará a miles de descendientes.

A grandes rasgos, la ley habilita una nacionalidad por opción que permitirá a los hijos o nietos de españoles conseguir la nacionalidad directamente desde los consulados gracias a sus vínculos directos (relación familiar) con España.

El Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Extranjería, espera recibir miles de solicitudes nacionalización en los próximos años, sobre todo de los países que fueron receptores de aquella migración forzada: Argentina, Venezuela, Chile, México y Cuba, entre otros. En los planes está reforzar los recursos (humanos y materiales) de estos consulados, según consigna el portal La Política Online.

La nueva Ley de Memoria Democrática incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de nacionalidad: 1) Los hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia o de orientación e identidad sexual; y que por dicho exilio perdieron o renunciaron a su nacionalidad española. Sus hijos o nietos podrán solicitar la nacionalidad por el Artículo 20 del código civil. 2) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El texto también aclara que los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les reconocerá la nacionalidad gracias a esta ley, también podrán acogerse al beneficio.