Senado de México aprueba la polémica reforma judicial de AMLO: ¿Y ahora qué?

El Senado de México aprobó el miércoles una reforma judicial que ha alimentado una huelga de trabajadores judiciales, tensado las relaciones con Estados Unidos y provocado volatilidad en los mercados de la segunda mayor economía de América Latina.

La medida fue propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre. AMLO ha argumentado que la reforma judicial es esencial para garantizar que el sistema realmente sirva al público y no sea vulnerable al crimen organizado.

La reforma se basa en la elección popular de más de 6.500 jueces, magistrados y ministros, incluidos los de la Corte Suprema de México. Los jueces del máximo tribunal han sido tradicionalmente confirmados por el Senado a partir de una terna presentada por el presidente de México.

La reforma también reduce el número de jueces de la Corte Suprema de 11 a nueve, recorta la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de edad mínima de 35 años y reduce a la mitad la experiencia laboral necesaria a cinco años. Los jueces también podrán trabajar de forma anónima en casos relacionados con el crimen organizado.

También eliminaría algunos beneficios para los trabajadores judiciales y crearía un tribunal disciplinario de cinco personas, que según los críticos es insuficiente para supervisar un poder judicial de 50.000 miembros.

La reforma contó con un amplio apoyo del partido gobernante Morena y sus aliados, quienes durante las elecciones de junio pasado obtuvieron una supermayoría de dos tercios en el Congreso y están a un escaño de la supermayoría en el Senado.

Ahora se votará en los congresos estatales, donde la coalición gobernante tiene los votos para sacarla adelante. La reforma entrará en vigor una vez publicada en el diario oficial de México.

En México se especula que la Corte Suprema podría intentar bloquear la reforma, aunque no está clara la legalidad de tal medida.

Se celebrarán elecciones en junio de 2025 para reemplazar a la mayoría de los jueces, y para el resto en 2027.

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de México nominarán a varios candidatos por cargo antes de que un comité técnico haga una selección.

Los opositores han dicho que el alto número de puestos en votación (alrededor de 282 candidatos compitiendo por hasta 39 roles) hará difícil que los ciudadanos estén bien informados.

Estados Unidos, el principal socio comercial de México, ha dicho que la reforma representa “un riesgo importante” para la democracia mexicana, argumentando que politizaría el sistema judicial y lo haría más vulnerable a la influencia del crimen organizado.

Canadá, el segundo socio comercial más importante de México, también ha dicho que a los inversores les preocupa que pueda generar inestabilidad.

Los dos países, que reciben alrededor del 86% de las exportaciones de México, son parte del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC) con México. Según el pacto, los países están obligados a cumplir con resoluciones rápidas a los conflictos laborales.