Al Gobierno ecuatoriano le falta transparencia en el manejo de la información sobre los periodistas del diario quiteño El Comercio que fueron secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC en la frontera con Colombia, denunció hoy la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP en Medellín.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra en Medellín su reunión de medio año, dedica buena parte de su informe sobre Ecuador al caso del periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, que fueron secuestrados el pasado 26 de marzo.
"Por primera vez en la historia republicana del Ecuador, tres miembros de un equipo periodístico fueron asesinados esta semana en la zona de Mataje, en la frontera norte con Colombia", señala el informe, leído por Gabriela Vivanco, representante de diario La Hora de ese país.
La SIP recuerda que un día después del secuestro, el ministro del Interior, César Navas, informó del hecho atribuido al grupo liderado por Walter Arízala, alias "Guacho" y desde entonces el manejo de la información oficial del caso se caracterizó por la "falta de transparencia".
"Desde entonces, el Gobierno del presidente Lenín Moreno intentó controlar la información solicitando censura a los medios de comunicación para evitar la difusión del nombre de las víctimas", señala el informe, y explica que esa situación "llevó a los familiares a autorizar la difusión" de las identidades, "en abierto desafío a las recomendaciones del Gobierno".
En la presentación del documento, Vivanco añadió que tras la divulgación a comienzos de abril por el Canal RCN de Colombia de videos como pruebas de supervivencia del equipo periodístico secuestrado, las autoridades ecuatorianas rechazaron la publicación de ese material, "expresando su 'profundo malestar' por la mediatización de los mismos".
También faltó transparencia con la divulgación el pasado miércoles de "un comunicado atribuido a la organización criminal en el cual se leía que el equipo de El Comercio había sido ejecutado" y con las fotografías recibidas por el mismo canal de "imágenes de los cuerpos", que fueron remitidos a la ONG Fundamedios para que las entregará a las autoridades ecuatorianas.
"El Gobierno de Ecuador inicialmente dijo no poder corroborar la veracidad de dichas fotografías e indicó que continuaban las pericias. Sólo en la mañana del 13 de abril, el presidente confirmó la noticia del asesinato. La fecha exacta del hecho no se conoce aún, así como el paradero de los cuerpos", señala la SIP.
Ante todo ello, la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP recuerda que el Estado ecuatoriano no protege a los periodistas desde hace más de una década.
"Es un hecho que el Estado ecuatoriano dejó de proteger a los periodistas hace más de 10 años, a inicios del régimen del expresidente Rafael Correa", señala el informe.
El documento agrega que "el acoso a la prensa independiente se volvió una política de Estado amparada por varios artículos en la Constitución, leyes y reglamentos, en particular por la Ley Orgánica de Comunicación", situación que no ha cambiado a pesar de la llegada al poder de Moreno como sucesor de Correa.
La SIP destaca sin embargo que han transcurrido diez meses "desde que un ejemplar de diario La Hora fuera destruido por última vez en manos de un jefe de Estado" y que cuando falta poco para cumplirse el primer año del actual Gobierno, "el escenario para la práctica periodística parece haber tomado otro rumbo, desde la época en que la Presidencia perseguía a los periodistas".
