Policías y soldados con fusiles resguardaban este domingo una zona indígena en el oeste de Guatemala tras la masacre de 13 personas en el marco de un viejo conflicto territorial, mientras en una morgue familiares de las víctimas reclamaban justicia por la matanza en la que murieron cuatro niños.
La fuerza pública se apostó a la orilla de la carretera Interamericana, cerca del camino de tierra que lleva por la montaña a la aldea Chiquix, en el municipio de Nahualá, 171 km al oeste de la capital, donde ocurrió la masacre entre viernes y sábado, observó un equipo de la AFP.
Los uniformados, equipados con equipo antidisturbios, se concentraron previo al inicio de un operativo de seguridad ante temores de un nuevo brote de violencia, comentó bajo anonimato un policía.
Algunas personas circulaban en camionetas y microbuses hacia las comunidades de Nahualá y la vecina de Santa Catarina Ixtahuacán -enfrentadas por el centenario conflicto por el control de territorios limítrofes, donde hay bosques y cauces de agua- ante la mirada atenta de los agentes y sin detenerse a hablar.
“No somos animales”
La noche del sábado, la Policía informó de 13 personas muertas en la aldea Chiquix, entre ellas el agente Luis Reinoso, de 34 años, además de un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala.
Según el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, la matanza ocurrió cuando familias de una comunidad de Santa Catarina Ixtahuacán que se dirigía a “levantar sus cosechas” fue “emboscada por un grupo de hombres que portaban armas de grueso calibre”. La prensa local señaló que las víctimas iban a recolectar maíz.
“Las familias emboscadas, luego de asesinadas, fueron quemadas dentro del camión donde se conducían, y los niños descuartizados con machete”, indicó Rodas en un informe en el que recomendó al presidente, Alejandro Giammattei, “otorgarle la máxima prioridad a la grave situación de seguridad en el área”.
“Existen indicios de que los ataques armados más recientes han rebasado el histórico conflicto limítrofe”, fustigó.
En la morgue de la ciudad de Quetzaltenango, adonde fueron llevados 11 de los cuerpos, familiares aguardaban el proceso de identificación y reclamaron “justicia” por la matanza.
“Quiero que se resuelva este problema (...). Ya no se aguanta”, indicó casi en llanto una mujer que no quiso dar su nombre al exigir al presidente una pronta intervención para resolver el añejo conflicto territorial que ya deja varios muertos.
Vestida con su traje indígena, señaló que en la matanza murió su hermana, su cuñado y cuatro sobrinos (dos niñas y dos niños) de 5, 12, 14 y 16 años.
“Somos humanos, no somos animales. Tenemos el derecho a la vida, esos niños tenían un gran futuro”, añadió acongojada la líder comunitaria Catalina de la Cruz.
“Que se haga justicia, que se investigue a esta gente que fue causante de todo esto y que se le de el castigo”, reclamó.
