El cardenal George Pell, jefe de las finanzas del Vaticano y consejero directo del Papa Francisco, se sentará finalmente en un banquillo australiano imputado por su relación con varios casos de abusos a menores. Un tribunal de Australia decidió hoy que el todopoderoso purpurado, de 76 años, una de las personas más influyentes de la Santa Sede hasta que en junio pasado abandonó sus funciones temporalmente tras ser imputado, deberá responder por unas acusaciones que lo han acompañado durante años permitiendo, incluso, que fuera nombrado para uno de los cargos de mayor relevancia del actual pontificado.
La juez Belinda Wallington comunicó su decisión a las puertas del Tribunal de Magistrados de Melbourne, la capital del Estado de Victoria, ante el que Pell se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan. En un momento en que Papa Francisco trata de corregir los históricos errores de la Iglesia al mirar hacia otro lado en el tema de abusos a menores, el cardenal es la máxima autoridad del clero que afronta un juicio por presunta pederastia. La decisión concluye el proceso judicial preliminar que comenzó el pasado 5 de marzo para investigar las "múltiples" acusaciones de presunto abuso sexual a menores, cuyo número y detalles se desconoce por estar bajo secreto de sumario, supuestamente cometidas por Pell o encubiertas bajo su mandato.
El cardenal ejerció como sacerdote en Ballarat, su localidad natal, entre 1979 y 1984. Un período en el que se produjeron decenas de casos de abusos a cargo de otro cura (Gerald Ridsale), que fue condenado a ocho años. Pell siempre negó conocer lo que sucedía. Sin embargo, también afirmó ignorar la mayoría de los 4.444 casos denunciados entre 1980 y 2015, muchos de los cuales se produjeron cuando fue arzobispo de Melbourne, entre 1996 y 2001, y de Sidney, hasta 2014. Pero como relata Emiliano Fittipaldi, periodista de L'Espresso y autor del libro Lujuria, que trata este caso, en Australia se terminaron pagando ocho millones de euros a víctimas a cambio de no volver a remover aquellos asuntos.
La Santa Sede, a través de su portavoz, Greg Burke, respondió que toma nota "de la decisión dictada por la autoridad judicial australiana. El año pasado el Santo Padre le dio un período de excedencia para poderse defender de las acusaciones que le fueron realizadas. Y tal disposición continúa vigente". Unas palabras que subrayan la idea de que Pell no está apartado de su cargo definitivamente y que, de algún modo, el Vaticano confía en su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pell siempre ha defendido su inocencia -incluso en una conferencia de prensa multitudinaria donde dio la cara antes de viajar a Australia- y la sensación de que será absuelto es compartida por amplios sectores de la Santa Sede. Sin embargo, algunos cuestionan ahora la conveniencia de haberle elegido para un puesto tan sensible cuando lo acompañaba la sombra de todos estos casos.
La juez, de hecho, estimó que hay suficientes pruebas para enjuiciarlo por los delitos sexuales que se le atribuyen. Sin embargo, los detalles, el número y la naturaleza de estos, así como los datos de las víctimas, no fueron revelados por razones legales. La prensa local asegura que las acusaciones más graves fueron desestimadas. Pell ya fue inculpado en las últimas fases de una larga investigación, ordenada por el gobierno australiano en 2012, sobre las respuestas institucionales aportadas en Australia a los supuestos abusos sexuales a menores.
