El año 2019 ha sido impredecible para América Latina, según un informe publicado por The Economist Intelligence Unit, que consideró la contingencia en 18 países de la región. Sus respectivos gobiernos, independientemente de sus ideologías, han debido lidiar con una población que se ha rebelado contra el estatus quo, señala una de las conclusiones del informe.

Según The Economist, a simple vista, por ejemplo, no hay muchas similitudes entre los estallidos en Chile y los de Ecuador. Ambos tienen distintos niveles de desarrollo y tradiciones políticas muy diferentes. Sin embargo, hay varios elementos que conectan el descontento social, tanto en esos dos países como en el resto de la región.

Probablemente la conexión más fuerte entre los países de América Latina que sufren crisis sociales ha sido el ajuste a la era postcommodities. Los años 2000 fueron una década de abundancia para la zona. El auge de las materias primas disminuyó la pobreza, mejoró los indicadores de salud y mortalidad, y expandió a la clase media.

Esto coincidió con una inclinación hacia la izquierda, lo que significó que muchos gobiernos decidieran utilizar sus ganancias para entregar subsidios. Esto contribuyó a la reducción de la pobreza, pero también de los ingresos disponibles.

Además, según el informe, se invirtió mal en educación, infraestructura y diversificación económica. Estos factores hicieron que muchos gobiernos no estuvieran preparados para el término del auge de los commodities, que ocurrió en 2014. De hecho, el crecimiento económico en Latinoamérica está estancado desde ese año, en gran parte debido al colapso económico de Venezuela, pero también por un decaimiento económico general.

Sin embargo, no solo la economía explica el sentimiento de malestar generalizado en la región. También hay una decepción frente al sistema político, lo que refleja una erosión de las instituciones democráticas a causa de gobiernos cada vez más autoritarios en algunos países y el mal funcionamiento de aquellas.

Un problema en particular es la gran fragmentación que existe entre los legisladores, que en muchas ocasiones son vistos más como un obstáculo que como un camino hacia el progreso. Además, como en un sinnúmero de oportunidades las políticas públicas son creadas por una multitud de partidos políticos que trabajan en coalición, es difícil para los ciudadanos asignar la culpa a alguien por los resultados de las mismas.

Así, la rendición de cuentas se ha deteriorado en varios sistemas políticos de la región, permitiendo que los políticos protejan sus posiciones de poder. Según los autores del informe, esto ha creado la imagen de que los políticos latinoamericanos pueden esquivar las leyes con impunidad. Por eso, los ciudadanos consideran al sistema político como parte del problema y no de la solución, y ven las protestas como la única manera de hacer que las personas que están en el poder rindan cuentas.

El caso chileno

Chile no ha sido inmune a las protestas en el pasado. Pero, para los autores del informe, en un país con una larga tradición de estabilidad política, el nivel de las actuales protestas provocó un fuerte impacto a nivel internacional. Incluso con el cambio de agenda del Presidente Sebastián Piñera, lo más probable es que los desafíos a la gobernabilidad y estabilidad se mantengan por varios meses más, según The Economist.

Sin embargo, los expertos aseguran que, de todos los países de la región, Chile es el que está mejor posicionado para incrementar el apoyo del Estado a sus ciudadanos, y también tiene mucho que ganar al hacerlo.

¿Qué viene ahora?

Si bien todos los países enfrentan distintos desafíos, en la era de la globalización hay un alto riesgo de contagio de protestas. Por ejemplo, los manifestantes en Chile adoptaron técnicas utilizadas por los activistas en Hong Kong.

Además, en un contexto en que las protestas han otorgado concesiones a la población en gobiernos que parecieran no escuchar de otra manera, es muy probable que 2020 sea un año igual de impredecible para Latinoamérica.