Casi cinco meses desde las elecciones del 21 de diciembre, Cataluña ya tiene Presidente. Después de tres intentos fallidos, Quim Torra se convirtió ayer en el 131 presidente de la Generalitat de Cataluña. Aun así, durante su discurso de investidura se encargó de recordar que "nuestro Presidente es Puigdemont" y terminó su intervención con un "¡viva Cataluña libre!".

Hasta ahora, Carles Puigdemont se encuentra en libertad bajo fianza en Berlín y a la espera de saber si será extraditado a España. Desde allí impulsó la candidatura de Quim Torra, quien se convirtió ayer en el Presidente de Cataluña y de quien se espera que recupere la autonomía regional y reanude el proceso soberanista.

A diferencia de sus tres predecesores - Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull-, ni el gobierno español ni los tribunales del Estado pusieron objeciones a su elección. No obstante, La Moncloa ya advirtió de que vigilaría de cerca los movimientos del nuevo Presidente.

La jornada de ayer transcurrió como se esperaba. Torra fue escogido en segunda votación por 66 votos a favor, 65 en contra y cuatro abstenciones de la facción más radical del independentismo.

En ese sentido, no hubo ninguna sorpresa: mayoría simple y suficiente para que Torra tome posesión a lo largo de esta semana en el Palau de la Generalitat.

Vinculado con el movimiento independentista y sin ninguna experiencia en la política profesional, se prevé que la legislatura de Torra sea breve y tutelada desde Berlín, bajo la sombra e influencia del expresidente Puigdemont.

Durante el inicio de su discurso de investidura, Torra siguió el mismo guión de la legislatura anterior: prometió ser "leal" al mandato salido de las urnas durante el 1 de octubre y construir la "república catalana", considera que Carles Puigdemont sigue siendo el Presidente legítimo de Cataluña y dijo querer asegurar la cohesión social. Sin embargo, a diferencia de lo que los catalanes llevan meses escuchando, esta vez Torra detalló y fue concreto sobre algunos de los puntos esenciales del nuevo gobierno catalán. Así, anunció nuevas leyes y pactos para mejorar la salud, la educación, los servicios sociales o la igualdad de los ciudadanos. También prometió instaurar un sueldo mínimo de 1.100 euros mensuales, así como la recuperación de las 16 leyes suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional, algunas de las cuales fueron votadas en el Parlament de manera unánime.

Pero, además de investir a un nuevo Presidente, la decisión tomada ayer por el Parlamento catalán tenía otro objetivo: poner fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y recuperar las instituciones.

Hace siete meses que el gobierno español aprobó la aplicación del polémico artículo, el cual establece que Madrid puede adoptar "las medidas necesarias" para "obligar" a una comunidad autónoma el "cumplimiento forzoso" de sus "obligaciones". En otras palabras: el gobierno catalán hace siete meses que pasó a estar en manos de la administración central. Se trata de una medida que nunca un gobierno había empleado en 40 años de democracia.

La intervención de la autonomía catalana, que se aprobó en octubre pasado en el Senado, ya fijó que la fecha de caducidad sería la formación de un nuevo gobierno. Pero antes el nuevo Presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que tomar posesión de su cargo y nombrar a los miembros de su gobierno. Y para hacerlo necesita que el Rey Felipe VI apruebe su nombramiento y que el gobierno español vuelva a transferir el poder a las instituciones catalanas.

Entre el 155 y la República

Después de recuperar las instituciones, Quim Torra se enfrentará, a partir de ahora, a un gobierno hostil, sin mayoría absoluta y la constante amenaza del 155 respaldada por Ciudadanos y el Partido Popular desde Madrid.

Con la declaración unilateral de independencia y un escenario de desobediencia descartado, Torra prometió, igualmente, seguir construyendo la "república catalana". Una república, explicó, con consejo central en Bélgica y Alemania, el control del gobierno y Parlamento en Cataluña y un proceso constituyente impulsado por la sociedad civil.

Desde Madrid, La Moncloa aseguró que está preocupado por las alusiones de continuidad al proceso soberanista. Por ello, Mariano Rajoy se reunió ayer con Albert Rivera, de Ciudadanos y Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los líderes políticos en los que se apoyó para impulsar la aplicación del artículo 155. La formación liderada por Rivera se mostró convencida de que el nuevo gobierno catalán pretende proclamar la república por segunda vez. Por ello, Ciudadanos apuesta por seguir usando el 155, incluso con mayor dureza que la primera vez. Sin embargo, el Presidente del gobierno español se mostró contrario a esa iniciativa a la espera de que Torra se manifieste con hechos.

Por otro lado, desde Cataluña, los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular, que en una decisión táctica prefirieron facilitar la investidura de Torra antes de arriesgarse y acercar a Cataluña a unas nuevas elecciones donde la CUP sería la culpable de dinamitar la unidad independentista, siguen enfadados por la falta de compromiso con la vía unilateral y la desobediencia.

"Pasamos a la oposición para construir políticas republicanas al servicio de las clases populares y mantener el conflicto democrático con el Estado", aseguró el diputado de la CUP, Carles Riera. En un intento de seducción a los anticapitalistas, Torra se comprometió a recuperar algunas leyes suspendidas por la justicia española, iniciar la redacción de una Constitución catalana o crear un gobierno y Parlamento paralelos en el exilio para impulsar la secesión. Sin embargo, analistas coinciden en que la colaboración de la CUP con sus exsocios de Junts per Catalunya ya ha llegado a su fin.

Con todo, desde Berlín, Puigdemont espera seguir teniendo el control de la situación.