El perímetro que rodea el Palacio de Carondelet, en Quito, amaneció ayer fuertemente custodiado por agentes de seguridad ante la convocatoria a paro nacional. A primera hora, sindicatos de trabajadores y movimientos indígenas mantenían cortes en las principales carreteras de Ecuador en protesta por el precio de los combustibles y las políticas económicas impulsadas por el gobierno del Presidente Guillermo Lasso.
En cinco meses de mandato, el jefe de Estado conservador, que asumió el poder el 24 de mayo, decretó estado de excepción para frenar el alza de violencia en el país vinculada al narcotráfico y enfrenta una investigación en el Congreso por sus vínculos con los Pandora Papers.
En el petitorio presentado por las organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), figura el reclamo por el aumento en el precio mensual de los combustibles, uno de los cuales, la gasolina extra, ha pasado en poco más de un año desde US$ 1,48 por galón a US$ 2,55.
Para calmar los ánimos, Lasso anunció desde el 23 de octubre la fijación de valores de los combustibles en un intento por evitar las constantes alzas, determinando un valor de US$ 1,90 por cada galón de diésel y US$ 2,55 por el de gasolina.
Sin embargo, hasta el 22 de octubre el costo del galón era de US$ 1,69 para el diésel y de US$ 2,50 para el de gasolina, por lo que los gremios de transportistas y taxistas demandan que las modificaciones han afectado directamente sus bolsillos y han visto mermados sus ingresos.
Según la cadena Deutsche Welle, el precio de los combustibles depende de muchos factores, como del volátil precio del petróleo determinado por los mercados internacionales, pero también influye en muchas áreas. Entre ellos, el encarecimiento del transporte de la mayoría de los bienes, incluido el sistema de transporte público, especialmente en un país donde el sueldo mínimo es de US$ 500.
“La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias y hogares ecuatorianos. Dile #NoAlParo, por la reactivación y la prosperidad del país entero”, defendió Lasso ayer a través de su cuenta oficial de Twitter, tras apuntar a que las puertas están abiertas para dialogar.
“Presidente, todos estamos viviendo esta pobreza, incluidas las arcas fiscales, pero no podemos sacar el dinero de la gente más pobre sino congelar (los combustibles) a los precios planteados e ir a una discusión más integral sobre la política de focalización. Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes”, defendió el dirigente de Conaie, Leonidas Iza.
A pesar de que en las últimas semanas se han llevado a cabo al menos tres movilizaciones, la de ayer fue la primera convocatoria masiva contra el gobierno de Lasso. Históricamente, los ecuatorianos han salido a las calles por el manejo de las políticas de precio de combustibles. El mandatario ecuatoriano participó de una mesa de diálogo con los movimientos sociales, pero solo logró pactar un acuerdo con un sector indígena agrupado bajo el Movimiento Unidad Pachakutik, que posteriormente denunció que el congelamiento de precios no fue consensuado.
En un comunicado, el Parlamento Plurinacional de Ecuador instó ayer al gobierno de Lasso a retroceder y fijar los precios al valor de US$ 1,50 el galón de diésel y a US$ 2 el de gasolina. El portal Infobae recordó que en octubre de 2019, las personas protestaron contra el decreto del entonces mandatario Lenín Moreno para la liberalización de los valores, que estableció en US$ 1,03 el galón de diésel y US$ 1,48 el de gasolina, lo que desató episodios de choques que dejaron al menos ocho fallecidos, 250 heridos y más de mil personas detenidas. Ante el descontento, Moreno reemplazó la medida por un incremento gradual mínimo de los precios, por lo tanto, desde esa fecha se registra un aumento progresivo.
En paralelo a la tensión desencadenada por el alza en el valor de los combustibles, el Ejecutivo de Lasso se ha visto afectado por demandas de diversas organizaciones, cada una con reivindicaciones específicas para su sector. El denominado Parlamento de los Pueblos, que agrupa desde el estallido social de 2019 a sindicalistas, profesores, estudiantes, agricultores y sectores indígenas, señaló que las marchas en las provincias se extenderán por días hasta obtener una respuesta del gobierno.
Asimismo, de acuerdo con el diario ecuatoriano El Universo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) buscará que la Asamblea Nacional revise el proyecto de Código Orgánico de Trabajo para que no siga avanzando la propuesta oficialista de Ley de Creación de Oportunidades con la que advierten se precarizará el sistema laboral y cuya aprobación se buscaría bajo el estado de excepción.
El pasado 19 de octubre, el gobierno decretó esta medida que regirá por 60 días, que entre otros ítems entrega permisos a los militares para realizar tareas de la policía, como patrullajes y controles a ciudadanos.
Los sindicatos ven con preocupación el avance de la reforma laboral propuesta por el oficialismo, ya que entre sus puntos aparece la “flexibilización de las relaciones laborales con contratación a tiempo parcial o con contratos temporales”, mientras que la reforma tributaria buscará ser aprobada en un plazo de 30 días.
Durante la jornada de ayer y coincidiendo con el paro nacional, el jefe de Estado confirmó que enviará con urgencia el “proyecto económico de sostenibilidad fiscal y tributaria a la asamblea”, iniciativa que el propio exbanquero de 65 años ha diseñado.
Por otra parte, la Conaie solicita, además, que el mandatario derogue decretos con los que se permitió ampliar la explotación minera y de petróleo. También pide la extensión de un año para el pago de créditos para agricultores y transparencia en la relación de Lasso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pandora Papers
En medio de este tenso escenario, el viernes pasado y por segunda vez, Lasso rechazó comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales del Legislativo para explicar sus vínculos con la filtración de documentos de Pandora Papers, que reveló sus nexos con al menos 10 cuentas offshore en paraísos fiscales. El excandidato presidencial y líder del partido Pachakutik Yaku Pérez declaró ayer que tiene “documentos de Panamá, que comprometen gravemente al señor Lasso”.
Un grupo de legisladores de oposición, de Unión por la Esperanza (UNES) y de Pachakutik presentaron nuevas denuncias contra el mandatario, siendo respaldadas con información que confirmaría que mantiene bienes o capitales financieros en paraísos fiscales. El próximo 6 de noviembre vence el plazo para que la comisión presente un informe ante el pleno sobre cómo el mandatario se deshizo de las cuentas en el exterior para evaluar posibles delitos, como evasión de impuestos, acusaciones que han llevado a algunos sectores políticos, como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), a exigir la renuncia de Lasso.
En un nuevo antecedente, el diario español Público informó ayer que uno de los hijos de Guillermo Lasso, Juan Emilio Lasso, compró el 26 de febrero pasado un yate por un valor de US$ 560 mil a través de una sociedad fantasma. “La documentación reunida por este periódico indica que el grupo corporativo ‘You YouCorp S.A.’ cerró en Miami el envío a Guayaquil del yate Dolce. Como representante de You YouCorp actuó Juan Emilio Lasso Alcívar, hijo del mandatario ecuatoriano. Según datos públicos del Servicio de Rentas Internas de Ecuador -un organismo de carácter oficial-, la empresa ‘You YouCorp’ no ha realizado ningún pago de impuestos por salidas de divisas desde 2013, mientras que en concepto de Impuesto a la Renta -el cual se aplica sobre las ganancias obtenidas- solo figuran US$ 337,90 abonados en 2016″, lo cual abre una nueva arista compleja para el gobierno ecuatoriano, señaló el periódico.
