Después de casi una década del lanzamiento del polémico proyecto de canal que conectaría el Atlántico y el Pacífico, este miércoles la Asamblea Nacional de Nicaragua decidió cancelar la concesión otorgada a un empresario chino para llevar a cabo la obra. La iniciativa estrella del régimen de Daniel Ortega pretendía conectar el río Brito en la costa del Pacífico y cerca de la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe; y atravesaría el Lago Nicaragua, el mayor de Centroamérica.
Específicamente, el presidente Ortega ordenó a sus diputados reformar la Ley del Gran Canal (la Ley 849) para cancelar la concesión al empresario. Esta ley permitía la utilización de extensas tierras, incluyendo zonas de humedales y la reserva de agua del lago de Nicaragua y el Río San Juan.
Aunque hubo una ceremonia “inaugural” simbólica en 2014, no se avanzó en la construcción del canal que pretendía unir las costas atlántica y pacífica de Nicaragua, ya que si bien se iniciaron trabajos en caminos de acceso, la excavación del canal nunca se llevó a cabo.
La decisión de cancelar el proyecto llegó tras años de protestas de miles de agricultores nicaragüenses, quienes desde el inicio se opusieron a las confiscaciones de tierras destinadas para la ruta del canal, respaldada por el gobierno. Las protestas de los agricultores venían desde 2014, cuando los campesinos bloquearon carreteras en manifestación por el posible desalojo de sus tierras para la construcción de un canal interoceánico.
En ese entonces, la policía disolvió los bloqueos, resultando en arrestos y heridos. El empresario chino a cargo del proyecto, Wang Jing, presidente del Grupo HKND, prometió compensaciones justas, pero muchos campesinos se quejaron de falta de información y presencia policial durante la medición de tierras, según reportó el diario británico The Guardian.
La concesión del Gran Canal Interoceánico fue entregada en 2013 a la firma china Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co., propiedad del empresario Wang Jing, por un período de 50 años, con una posibilidad de prórroga por el mismo período a cambio de un pago de 10 millones de dólares cada año durante la primera década, detalla Infobae.
Hasta ahora, Ortega no ha dado explicaciones por la cancelación del proyecto, y en las justificaciones de la reforma legal enviada al Parlamento sólo afirma que es necesario adecuar el régimen jurídico del proyecto a “las realidades cambiantes” del contexto internacional, según detalla el diario español El País.
En 2019, tres líderes campesinos que participaron en las protestas fueron condenados por un juez nicaragüense a largas penas de prisión, de 216, 210 y 159 años, respectivamente. Las acusaciones contra los tres agricultores giraron en torno a un presunto intento de “golpe fallido” contra el gobierno. Aunque la ley nicaragüense limita la pena de prisión real a 30 años, estas sentencias reflejaron la severidad del régimen de Ortega en el poder.
El proyecto del canal, valorado en 50 mil millones de dólares y con una extensión de 278 kilómetros desde las costas del Caribe hasta las del Pacífico, se consideró inicialmente como una especie de broma, pero con el tiempo adquirió seriedad, explica The Guardian. Se convirtió en un símbolo del gobierno cada vez más represivo del presidente Daniel Ortega y sus políticas autoritarias.
Y la obra, tuvo que haber sido inaugurada en 2020, pero hasta la fecha en la ruta trazada sólo pastan vacas y los pescadores locales continúan con su rutina, por lo que el canal imposible de Nicaragua sólo quedó en una promesa, indica El País. El impacto potencial del canal en el medio ambiente también generó preocupaciones y lo posicionó como un tema clave en la agenda pública.
Los grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos temían por el impacto devastador en la flora y fauna del país y por el desplazamiento masivo de familias campesinas en la ruta del Canal. Y la falta de estudios suficientes sobre su viabilidad técnica y comercial, junto con la disminución de la fortuna del empresario chino Wang Jing tras el colapso de su empresa de telecomunicaciones, Xinwei, suscitó más dudas sobre el financiamiento del proyecto.
“Es una pena que Ortega se dé cuenta de su propio fracaso una década después, después de tomar medidas para confiscar tierras a los campesinos”, dijo Medardo Mairena, líder de un grupo de oposición canalero, exiliado en Estados Unidos. Ortega, que está en el poder desde 2007 (con un período previo en el poder entre 1979 y 1990), argumentó durante los inicios del proyecto que el canal crearía decenas de miles de empleos y estimularía la economía.
También se llegó a especular sobre el papel que el gobierno chino podría desempeñar en la construcción de la obra, un tema que no ha podido esclarecerse. “Resulta imposible conocer si se trata de un proyecto internacional, o si únicamente estará soportado por capitales y empresas chinas”, escribió el periodista Carlos F. Chamorro en 2014.
Ahora, el proyecto canalero queda en manos del Ministerio de Transporte nicaragüense, sin fondos. Aunque, sin un inversionista, sería el destino ideal para el dinero de la República Popular China, han dicho los disidentes. “Ahora viene la nueva etapa: el endoso de todas las concesiones al gobierno chino. Entregar Nicaragua a precio de guate (maíz) mojado: la operación vendepatria de los Ortega Murillo”, denunció la legendaria guerrillera sandinista Dora María Téllez mientras lamentaba que el anterior pacto quedara “muerto”.
Por su parte, el desnacionalizado economista y político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro aseguró que la maniobra del Ejecutivo responde a que “seguramente ya tiene a quién sacarle otra tajada”, apuntando indirectamente al gigante asiático.
El anuncio reciente tampoco tranquilizó a los campesinos, quienes temen la participación de actores corruptos en el proyecto. Félix Maradiaga, activista ambiental nicaragüense, señaló que es poco probable que personas serias quieran asociarse con un régimen considerado ilegítimo, criminal y mafioso; y prometió continuar con las protestas hasta que se cancele por completo el plan.
Se especula en el país centroamericano que Ortega podría estar considerando ceder el proyecto a su aliado asiático, con quien mantiene una “asociación estratégica”, ya que recientemente el mandatario celebró el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con este país, calificándolo como el “mejor regalo navideño” y “una gran noticia”.
