Un millar de presos fueron trasladados el miércoles desde la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, una de las cárceles más violentas de Ecuador, hacia otras prisiones, luego de una jornada violenta con atentados explosivos y balaceras contra efectivos e instalaciones policiales que dejaron cinco agentes fallecidos.

A su vez, un civil murió de un disparo en un ataque a un centro de salud de esa ciudad, informó a The Associated Press un funcionario del Ministerio de Salud que pidió no ser identificado, porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

El repunte de la violencia del martes llevó al Presidente Guillermo Lasso a decretar un nuevo estado de excepción, el sexto desde que comenzó su gobierno, en mayo de 2021. La declaratoria incluye un toque de queda desde las 21 hasta el amanecer y la limitación de derechos fundamentales y rige en las provincias de Guayas y Esmeraldas, epicentro de los ataques perpetrados la víspera, presuntamente por organizaciones criminales que se oponían a la reubicación de algunos cabecillas encarcelados, informó el gobierno.

Una persona toma una fotografía mientras los policías investigan la escena del crimen, luego de que varios colegas murieran en ataques, en Guayaquil. Foto: Reuters

El traslado de presos es una respuesta del sistema penitenciario al hacinamiento en la prisión, de acuerdo con la explicación oficial. El director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Guillermo Rodríguez, dijo a periodistas que la reubicación de los 1.002 reclusos afectó a dos pabellones de la Cárcel del Litoral, la más grande del país, donde había un hacinamiento superior al 100%. Aseguró que esas instalaciones serán remodeladas y, de ser necesario, demolidas.

“Al momento no se han reportado novedades (en las cárceles). Estamos con nuestro personal en territorio para que puedan verificar la situación”, añadió. Un tercio de los presos trasladados fue reubicado en la prisión de El Rodeo, en la provincia de Manabí, a unos 200 kilómetros de distancia. Los demás quedaron en la cárcel regional de Guayaquil, muy cercana al centro desde el que fueron trasladados.

El ente que gestiona las cárceles ecuatorianas precisó que en la Penitenciaría del Litoral, donde se han perpetrado las mayores masacres entre presos, había hasta el fin de semana 5.246 detenidos y que ahora, tras el traslado, quedaron 4.244 reclusos.

Residentes observan cómo los técnicos forenses trabajan en la escena del crimen donde policías fueron asesinados en respuesta a los traslados de prisioneros de cárceles superpobladas, en Guayaquil. Foto: Reuters

Para movilizar a los presos se preparó una operación combinada de cientos de policías y militares.

El ministro de Defensa, Luis Lara, aseguró en conferencia de prensa que como parte del estado de excepción las Fuerzas Armadas han movilizado a sus unidades para apoyar el trabajo de la policía ante “la violencia criminal asociada al narcotráfico y al terrorismo”.

Los atentados explosivos del martes no dejaron víctimas civiles, pero ocasionaron el cierre anticipado de la actividad comercial y la suspensión de las clases presenciales en algunas ciudades, entre ellas Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital, y la vecina Durán.

El exjefe de inteligencia del Ejército y analista de seguridad, coronel Mario Pazmiño, dijo a The Associated Press que Ecuador está entrando a una etapa de violencia como la que vivió Colombia con Pablo Escobar en la década de 1980, con una disputa entre el Estado y las organizaciones delictivas por el control de espacios territoriales a los que se denomina santuarios.

Oficiales montan guardia cerca de un auto policial acribillado a balazos en la escena del crimen donde colegas fueron asesinados, en Guayaquil. Foto: Reuters

Destacó que un ejemplo de ello son las cárceles, donde -según dice- el Estado perdió el control que quedó en poder de organizaciones delictivas que generan una gobernanza criminal. “Exactamente igual se da en algunos sectores de las fronteras, donde las organizaciones delictivas controlan a la población”, afirmó.

Añadió que esas zonas desafían abiertamente el poder del Estado y que la población está bajo la “protección de las estructuras criminales”, mientras el gobierno sigue sin un sistema de inteligencia adecuado, sin estrategia y sin acciones claras para enfrentar la situación.

Desde hace dos años, las prisiones estatales de Ecuador se han convertido en escenario de sangrientos choques entre grupos rivales de presos, algunos relacionados con carteles colombianos y mexicanos que se disputan el control de rutas y territorios para la distribución de droga a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con cifras del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el año pasado 316 internos murieron asesinados por sus compañeros. En lo que va de este año ha habido 106 víctimas mortales.

El sistema penitenciario de Ecuador está diseñado para cerca de 30.000 personas, pero hasta el mes pasado había unos 35.000 reclusos en las 53 cárceles estatales.