Un tribunal especial de Colombia estableció que 4.616 personas fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas en ataques contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2007, según un informe divulgado este viernes.

La Justicia Especial de Paz (JEP) determinó que “de las 5.733 víctimas (del exterminio de la UP) 4.616 fueron víctimas de homicidio” y el resto fueron “desaparecidas forzosamente”, se lee en el documento.

“La violencia contra los miembros de la UP fue ejecutada, principalmente, por parte de agentes de Estado y paramilitares de forma masiva, generalizada y sistemática”, agregó la JEP.

La UP, de tendencia comunista, surgió como movimiento político de un primer proceso de paz de las FARC con el entonces presidente Belisario Betancur (1982-86).

Entre sus militantes asesinados se cuentan Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, candidatos en las elecciones presidenciales del 1986 y 1990, respectivamente, además de un puñado de parlamentarios en ejercicio.

El partido resurgió a principios de la década pasada y hoy hace parte del Pacto Histórico, una coalición izquierdista que lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de mayo próximo con su candidato, Gustavo Petro.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial regional, tomó el caso en 2018 considerando que las investigaciones del Estado colombiano sobre los ataques contra la UP fueron “insuficientes”. La Corte aún no ha fallado al respecto.

La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, ha recibido testimonios de 150 personas vinculadas a los ataques contra la UP, la mayoría (121) miembros de la fuerza pública y de la inteligencia estatal.

“Hubo contribución sistemática de agentes estatales” en los crímenes, que algunas veces fueron ejecutados por la propia fuerza pública y en otras por “grupos paramilitares”, señaló la JEP.

El tribunal también ha abierto investigaciones por secuestro, reclutamiento de menores, violencia política y asesinato de civiles, entre otras atrocidades cometidas en más de medio siglo de conflicto armado por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado.

En enero de 2021 imputó a altos mandos de las FARC por el secuestro de 21.396 personas entre 1990 y 2016. Los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad y esperan una sanción.

Docenas de exmilitares también han sido imputados por el asesinato de 6.400 civiles que fueron ejecutados por el ejército y presentados como bajas en combate a cambio de beneficios, en el escándalo conocido en el argot militar como “falsos positivos”.

Las primera sentencias se esperan para mediados de 2022.