Un tribunal de la junta de Myanmar aplazó el martes el veredicto en el juicio por incitación contra la depuesta líder civil Aung San Suu Kyi, informó a AFP una fuente cercana al caso.
La corte aplazó “hasta el 6 de diciembre” el primer veredicto contra la dirigente depuesta, indicó la fuente. El fallo correspondía a un juicio por incitación contra los militares, que conlleva una sentencia de tres años de cárcel.
Suu Kyi, de 76 años, ha estado detenida desde que los militares depusieron su gobierno el 1 de febrero, poniendo fin al breve período democrático en Myanmar.
La premio Nobel de la Paz aun enfrenta una oleada de cargos por los cuales podría ser sentenciada a décadas de prisión.
Los periodistas fueron impedidos de asistir al juicio en el tribunal especial de la capital Naipyidó, construida por los militares, y los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con la prensa.
El martes había una fuerte seguridad en las calles que conducen al tribunal especial, indicó un periodista de AFP.
Los periodistas no tendrán acceso al tribunal durante el veredicto, dijo recientemente el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.
Más cargos
Días después del golpe, Suu Kyi comenzó a enfrentar cargos extraños como posesión de radiocomunicadores sin registro y violación de restricciones sanitarias por el coronavirus durante las elecciones que su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), ganó en 2020.
Posteriormente, la junta agregó numerosos cargos adicionales, como violación de la ley de secretos oficiales, corrupción y fraude electoral.
Bajo la junta anterior, Suu Kyi pasó largos períodos de arresto domiciliar en una mansión familiar de estilo colonial en Rangún, donde podía aparecer frente a miles de seguidores congregados al otro lado de la cerca.
El régimen de Min Aung Hlaing la confinó a una ubicación no revelada de la capital, y su contacto con el exterior se limita a los pocos encuentros con sus abogados antes de las audiencias en la corte.
En las últimas semanas, los juicios contra otros miembros de la LND concluyeron con fuertes sentencias condenatorias.
Un exministro fue sentenciado a 75 años de cárcel mientras un allegado de Suu Kyi fue condenado a 20 años.
Más de 1.200 personas han muerto y más de 10.000 fueron detenidas en la represión de disidentes tras el golpe, según un grupo local de monitoreo.
Los militares, que han dominado durante décadas la vida en Myanmar, defendieron el golpe citando un supuesto fraude en las elecciones generales del año pasado, que la LND ganó ampliamente.
La presión internacional sobre la junta para que restaure rápidamente la democracia no ha dado señal de que afecte a los militares.
