Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil pidió este martes investigar si hubo actos “criminales” durante la manifestación en contra las medidas de cuarentena y prointervención militar frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, en el cual participó el Presidente Jair Bolsonaro.

Alexandre de Moraes, juez de la corte suprema, calificó de “muy grave” el acto, debido a que atenta “contra el Estado Democrático de Derecho brasileño y sus instituciones republicanas”, según informó el STF en nota difundida este martes.

De Moraes respondió a un pedido hecho por la Fiscalía General de la República, que no menciona al Presidente Bolsonaro, sino a “varios ciudadanos, incluso diputados federales”.

El domingo unas 600 personas se agolparon frente a las puertas del Cuartel General del Ejército en Brasilia gritando consignas y con pancartas defendiendo una “intervención militar ya con Bolsonaro” y pidiendo un nuevo AI-5 (Acta Institucional número 5), un decreto que en 1968 cerró el Congreso y suprimió numerosas garantías constitucionales.

Bolsonaro acudió frente a la movilización y tomó la palabra por varios minutos. “No queremos negociar nada”, gritó el Mandatario de ultraderecha que ha atacado al presidente del Congreso, Rodrigo Maia, y a gobernadores y alcaldes que defienden medidas de cuarentena durante el avance del coronavirus.

La enfermedad ya cobró más de 2.500 muertos y suma 40.581 casos en Brasil, y el Ministerio de Salud estima que en mayo alcance su punto más alto, sin embargo, Bolsonaro la califica de "gripecita" y quiere el fin de la cuarentena y la "vuelta a la normalidad" en este país de más de 210 millones de habitantes, con altos índices de desigualdad social.

Políticos y autoridades, incluyendo otro juez del STF, reaccionaron de inmediato el domingo cuestionando el discurso de Bolsonaro, que en momento alguno criticó las consignas antidemocráticas enarboladas por sus seguidores.

"Son inconstitucionales y no se confunden con la libertad de expresión, las conductas y las manifestaciones que tengan la nítida finalidad de controlar o mismo aniquilar la fuerza del pensamiento crítico, indispensable al régimen democrático", expuso el juez De Moraes.

El fallo del juez destacó que es “imprescindible” verificar si existen organizaciones y formas de financiar actos contra la democracia.

La investigación debe transcurrir en secreto.