El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el jueves la puesta en libertad de otros 130 sospechosos de participar en los ataques de las instituciones del Estado del pasado 8 de enero, siendo así ya más de 1.100 las personas que han sido liberadas aunque seguirán bajo vigilancia.

De las 2.200 personas detenidas por aquellos atentados al palacio presidencial de Planalto, Congreso Nacional y Tribunal Supremo de Justicia, en Brasilia, solo 294 continúan en prisión, la casi totalidad de ellos hombres. Quienes han sido liberados deberán portar una tobillera electrónica, no salir de su domicilio durante la noche y no utilizar redes sociales, así como ponerse en contacto con otros detenidos.

La decisión de dejar en libertad a los 129 investigados se produce tras una manifestación de la Fiscalía General de la Nación. La valoración del juez del Tribunal Supremo es que, tras la acusación formal, los imputados “ya no representan un riesgo procesal ni para la sociedad en este momento”, según ha recogido el portal Uol.

De Moraes, quien se encarga de la macroinvestigación, ha presentado diversos delitos contra los sospechosos, como incitación al crimen y asociación para delinquir. Casi mil de ellos tendrán que responder por estas acusaciones, mientras que 219 deberán hacerlo por cargos mayores, como intento de golpe de Estado.

El ataque a la Explanada de los Ministerios no tuvo precedente en la historia de Brasil. Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro se arremolinaron durante semanas frente a los cuarteles del Ejército en protesta por la victoria en la urnas del ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades valoran ahora si el expresidente Bolsonaro habría incitado a sus seguidores para que irrumpieran violentamente en las sedes de los tres poderes, después de meses atacando a las instituciones, como el Supremo y a sus jueces, y sembrando dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño.