La oficialista Asamblea Constituyente evaluará un posible adelanto de las elecciones al Parlamento, único poder controlado por la oposición, anunció el presidente del organismo, Diosdado Cabello.
"Voy a proponer una comisión (...) para evaluar de acuerdo a la ley, a la Constitución, a la situación política de nuestro país, con consultas a todos los organismos, al pueblo, a la calle, cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones", dijo el número dos del chavismo durante una sesión del órgano plenipotenciario.
El líder opositor, Juan Guaidó, denunció la víspera que el gobierno estaría considerando disolver la Asamblea Nacional y convocar de manera anticipada elecciones parlamentarias y advirtió que, de concretarse esas acciones, la oposición entraría en una fase de mayor conflictividad que profundizaría la crisis que enfrenta la nación sudamericana.
El dirigente dijo que la Asamblea Constituyente convocaría el lunes a una sesión para "clausurar ilegalmente" el Congreso, de mayoría opositora, "convocar ilegalmente elecciones" y "perseguir masivamente diputados", acciones que consideró como una "nueva locura".
"Aquí va haber justicia y tiene que haber justicia", afirmó el lunes el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, durante una sesión del cuerpo legislativo en la que se discutirá el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Guerra, Guanipa y García Canales.
Cabello desestimó la denuncia de Guaidó asegurando que la Asamblea Nacional no sería clausurada porque "eso está eliminado ella sola... nadie le para, eso no funciona".
En relación a la eventual convocatoria a elecciones parlamentarias, el dirigente oficialista advirtió que "seguro que aquí va haber elecciones prontico, más prontico de lo que ustedes crean".
Desafuero de tres parlamentarios opositores
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó el lunes la apertura de procesos a tres diputados opositores, con lo que se elevó a 18 la cifra de congresistas enjuiciados en los últimos tres meses en medio de una escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición tras las sanciones que impuso Washington a la administración de Nicolás Maduro.
El máximo tribunal, controlado por el gobierno, difundió en su página de internet una sentencia en la que señaló que inició procesos contra los diputados José Guerra y Tomás Guanipa por los delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública".
Desde hace más de un mes habían surgido versiones de que Guerra y Guanipa serían enjuiciados, lo que los llevó a ocultarse y a permanecer fuera de Venezuela.
Poco después, el TSJ anunció en un comunicado que también abrió un proceso al diputado opositor Juan Pablo García Canales por los mismos delitos.
Guerra condenó, en un video que difundió por WhatsApp, la sentencia del máximo tribunal, que consideró como "absolutamente absurda" y afirmó, dirigiéndose al gobierno, que "traidores a la patria son ustedes que endeudaron al país masivamente... y se robaron los dineros públicos".
El congresista indicó, sin revelar su ubicación, que seguirá defiendo la propuesta para una solución política a la crisis que pasa por "cambiar este régimen" y unas "elecciones limpias".
En mayo las autoridades emprendieron una serie de acciones contra un grupo de congresistas que culminaron con la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el retiro de la inmunidad y enjuiciamiento de unos 14 diputados, de los cuales seis se mantienen ocultos, cinco huyeron del país y tres están refugiados en las embajadas de Italia y México.
Todos los congresistas procesados fueron acusados por las autoridades de apoyar el fallido alzamiento militar del 30 de abril que encabezó el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que intensificó la pugna entre el gobierno y la oposición.
La decisión del presidente Donald Trump de ordenar el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y autorizar al Departamento del Tesoro a sancionar a cualquier persona, empresa o entidad que ayude a la administración de Maduro desató nuevas tensiones.
Tras el anuncio de las medidas Maduro acordó el retiro de la delegación del gobierno de la ronda de negociaciones con la oposición, promovida por Noruega, que estaba pautada para fines de la semana pasada en Barbados. Asimismo, el gobernante izquierdista instó a la Constituyente y al resto de los poderes públicos a activar una "contraofensiva" para "hacer justicia frente a los vende patria y los traidores".
