A una semana de que la exfiscal general Jody Wilson-Raybould acusó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de interferir durante su labor en un juicio contra una empresa, el premier salió ayer a defenderse en un caso que ha provocado un escándalo de proporciones en Canadá. Eso sí, no se disculpó.

Trudeau, un político liberal que asumió su cargo en 2015 con un 64% de aprobación, se encuentra en el ojo del huracán desde que el diario The Globe and Mail informó el 7 de febrero que personal de su gobierno presionó a Wilson-Raybould para que no llevase a juicio a la firma de Montreal SNC-Lavalin en relación con denuncias de sobornos para conseguir contratos en Libia, entre 2001 y 2011.

"Entre septiembre y diciembre de 2018, experimenté un esfuerzo constante y sostenido por parte de muchas personas dentro del gobierno para tratar de interferir políticamente en el ejercicio de la discreción fiscal, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de procesamiento diferido con SNC-Lavalin", declaró Wilson-Raybould.

El escándalo le ha costado a Trudeau una caída en su popularidad, que ahora se sitúa en un 42%, según Ipsos. "Debemos sacar muchas lecciones y hay muchas cosas que nos hubiera gustado hacer de manera diferente", dijo ayer Trudeau.

A raíz de las acusaciones, tanto Wilson-Raybould, como el Gerald Butts, el principal asesor del primer ministro e identificado como una de las personas que habría ejercido presión indebida contra la exfiscal, dejaron sus puestos. A estas dimisiones se le suma la de Jane Philpott, ministra del Tesoro.

Según dijo a La Tercera la profesora de la U. de Toronto, Grace Skogstad, el primer ministro pagará el costo del escándalo. "Se ha dañado la reputación personal y la credibilidad del primer ministro como defensor de los asuntos indígenas, ya que la única persona indígena en su gabinete (Wilson-Raybould) ha criticado públicamente el comportamiento de los funcionarios en su Oficina y el comportamiento de Trudeau".

Tras las acusaciones, Trudeau no negó su intención de ofrecer a SNC-Lavalin un acuerdo de enjuiciamiento diferido, justificando su actuar en la protección de los cerca de 9.000 empleados que tiene la compañía en Canadá, de los cuales 3.400 se encuentran en Quebec. "Siempre hemos defendido y protegido empleos en Canadá. Pero siempre lo haremos respetando las normas", se justificó.

De ser hallada culpable, SNC-Lavalin arriesga la paralización de sus actividades y la imposibilidad de realizar contratos con el gobierno por décadas. Pero también el caso estalló en un año electoral. "Si las elecciones fueran hoy, creo que los liberales de Trudeau probablemente perderían. Sin embargo, la elección no es hasta octubre. El partido aún podría perder la elección por varias razones, y este escándalo es solo un factor" dijo a La Tercera el analista Nelson Wiseman.

"Nuestro gobierno será más fuerte", dijo Trudeau, quien también recordó la figura de su padre, el expremier Pierre Trudeau. En un antecedente inesperado, algunos han recordado precisamente la reunión que tuvo Trudeau con el padre de la exfiscal en 1983, quien le dijo al entonces premier que su hija algún día podría llegar a ser primera ministra.