“La ley que estamos promulgando hoy es un hito que salvará innumerables vidas estadounidenses inocentes”, expresó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al firmar en la Casa Blanca este miércoles la ley “Laken Riley”, iniciativa legislativa inspirada en el asesinato de una joven estadounidense a manos de un migrante ilegal venezolano que estaba acusado previamente de delitos menores.
Bajo esta ley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley Laken Riley -la primera que firma Trump en su mandato iniciado el 20 de enero- lleva el nombre de una joven de 22 años de edad, estudiante de enfermería, que fue asesinada en febrero de 2024 por un migrante indocumentado en el estado de Georgia. El sujeto, llamado José Ibarra (26), fue condenado a cadena perpetua en noviembre pasado.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y posible deportación, lo que es rechazado por opositores a la ley que aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los extranjeros en situación ilegal en territorio norteamericano.
Aunque el proyecto de ley fue impulsado por el Partido Republicano, fue aprobada en ambas cámaras del Congreso con el apoyo de legisladores demócratas.
Durante la firma de la ley estaban presentes también los padres y la hermana de Laken Riley. La madre de la joven, Allyson Phillips, habló brevemente y agradeció a los legisladores y al presidente el haber apoyado el proyecto de ley en nombre de su hija hasta su cristalización.
“Mantendremos viva la memoria de Laken en nuestros corazones para siempre”, precisó Trump, que hizo de este caso un punto central de su campaña contra los inmigrantes en situación irregular en EE UU.
“Con la acción de hoy, su nombre también vivirá por siempre en las leyes de nuestro país”, agregó el mandatario.
Además de los arrestos por acusaciones de delitos menores, la ley también permite a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.