Trump invoca una ley bélica del siglo XVIII para acelerar la deportación de migrantes indocumentados
La medida está dirigida puntualmente a los miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua, considerado como grupo terrorista por Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este sábado con su promesa de invocar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes indocumentados gracias a una normativa -empleada en la concentración de ciudadanos japoneses-estadounidenses en la II Guerra Mundial-.
La normativa concede al mandatario amplias competencias para expulsar gente, según advirtió Amnistía Internacional.
En una proclamación presidencial, publicada el sábado, la Casa Blanca apunta que la ley tiene como primer objetivo a los migrantes que sean declarados como simpatizantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, considerada como “grupo terrorista” por Estados Unidos, que se han “infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país”.
La ley está diseñada para ser invocada si el país norteamericano está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido Estados Unidos o amenaza con hacerlo y, capacita a la administración a deportar inmediatamente a los detenidos.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.
La directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional EE.UU., Amy Fisher, describió la invocación como “una medida increíblemente cruel”, efectuada para potenciar la “agenda xenófoba” de Trump.
Esta ley, recuerda Amnistía, “otorga al presidente un poder increíblemente amplio para detener y deportar a grandes grupos de personas por su nacionalidad y abre las puertas a un mayor riesgo de violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la no discriminación, al debido proceso y a solicitar asilo”.
“Es arcaica y debería ser desterrada de la sociedad moderna”, afirma Fisher, mientras algunos jueces federales han comenzado a plantar cara a la decisión de Trump a primera hora de este sábado, incluso antes de su publicación.
El magistrado James E. Boasberg admitió la demanda preventiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward y puso en marcha una orden de restricción temporal que impide la deportación durante 14 días, en virtud de la ley, de los cinco venezolanos que ya se encuentran bajo custodia de inmigración y que creían que estaban siendo trasladados para su deportación.
La orden de restricción temporal se aplica únicamente a quienes presentaron la demanda el sábado, pero el juez celebrará segunda audiencia hoy por la noche para decidir si extiende la aplicación de su dictamen.
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