Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, para un segundo mandato, se ha dedicado a atacar todo lo que considera como poder liberal, entre los que se encuentran los tribunales, la burocracia federal y los medios de comunicación. Ahora, tras reestructurar el Partido Republicano y la Corte Suprema, Trump espera extender “su ideología populista” -como ha sido descrita por la prensa de EE.UU.- a la educación superior.

“Vamos a llevar a la quiebra a estas universidades”. Con esas palabras el director del recién creado grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, Leo Terrell, lanzó la guerra del gobierno de Trump contra las universidades en una entrevista con Fox News. Si no cumplen su parte, advirtió, deberían “contratar abogados, porque el gobierno federal los va a perseguir”.

La última arremetida contra las casas de estudios superiores ocurrió esta semana, cuando Trump decidió retirarle nada menos que a Harvard -la universidad más antigua del país, que fue fundada en 1636- su estatus de exención de impuestos. El miércoles por la noche, los medios estadounidenses informaron que había ordenado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que tomara la iniciativa.

Las demandas incluían la prohibición de las mascarillas, limitaciones a las protestas en el campus y una revisión de los sesgos de los departamentos académicos. Aproximadamente una semana después, esas exigencias se ampliaron para incluir reformas de liderazgo, cambios en la política de admisión y detener el reconocimiento por parte de la universidad de ciertas organizaciones estudiantiles.

Luego, a finales del miércoles, llegó otro golpe cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amenazó con despojar a Harvard de su capacidad de inscribir a estudiantes internacionales a menos que entregara “registros detallados sobre las actividades ilegales y violentas de (sus) titulares de visas de estudiantes extranjeros”, dijo la agencia.

Pero Harvard no ha sido la única que ha estado en la mira de la Casa Blanca. Ya antes el gobierno había anunciado la congelación de más de mil millones de dólares de fondos federales de Cornell. Esta medida -dijo- se iba a aplicar mientras investigaba presuntas violaciones de derechos civiles en la universidad.

El plantel ubicado en el estado de Nueva York formó parte de las más de 60 universidades que recibieron una carta del Departamento de Educación el 10 de marzo, instándolas a tomar medidas para proteger a los estudiantes judíos o, de lo contrario, enfrentar “posibles acciones coercitivas”.

El Departamento de Defensa emitió más de 75 órdenes de suspensión de trabajos de investigación, dijo Cornell en un comunicado, pero el gobierno federal no había confirmado si el congelamiento total de fondos ascendía a 1.000 millones de dólares.

Al igual que Cornell, Northwestern también vio suspendida parte de su financiamiento federal. La cantidad ascendía a unos 790 millones de dólares, según la administración Trump, citada por la cadena CNN. La universidad de Illinois no recibió un mensaje oficial de la Casa Blanca sobre el congelamiento, a pesar de su cooperación con las investigaciones de derechos civiles, según indicaron funcionarios de Northwestern en ese momento.

Para los expertos, la serie de amenazas con las consiguientes pausas en el financiamiento a algunas de las mejores universidades estadounidenses se ha convertido en una herramienta sin precedentes para que la administración ejerza influencia en los campus universitarios. Seis de las siete universidades afectadas pertenecen a la Ivy League, que es un selecto grupo de ocho casas de estudios.

Promesa de campaña

Trump no solo se enfrenta a los académicos más destacados y a lo que las encuestas muestran como su profesorado de tendencia izquierdista. Su ofensiva migratoria ha generado una cultura de miedo en los campus: algunos estudiantes han sido detenidos por agentes fronterizos, mientras que a cientos más se les han cancelado las visas alegando que sus opiniones perjudican los intereses de la política exterior estadounidense, ha reportado la prensa local.

Fue durante su campaña electoral el año pasado que Trump prometió implementar estos recortes federales, afirmando que se centraría -según sus propias palabras- en las escuelas que promueven la “teoría crítica de la raza”, “la demencia transgénero” y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados. Los sistemas escolares públicos también son blanco de recortes.

Cuando Harvard recibió la notificación, su respuesta no tardó en llegar y el presidente de la universidad, Alan Garber, decidió no ceder ante las exigencias de la administración para cambiar sus políticas, declarando que la universidad no renunciaría a su independencia ni a sus derechos constitucionales.

Ninguna universidad está mejor posicionada para oponer resistencia que Harvard, cuya dotación de 53 mil millones de dólares es la mayor del país. Hace dos semanas, la universidad obtuvo un préstamo de 750 millones de dólares de Wall Street para sanear sus arcas. Y el lunes, justo cuando anunció que no cedería ante Trump, publicó un resumen exhaustivo de los tipos de innovaciones en investigación que corren peligro si las autoridades federales recortan las subvenciones que financian los estudios de enfermedades como el cáncer y la diabetes.

El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, culpó a Harvard por las protestas propalestinas y las quejas de antisemitismo, diciendo que la escuela necesita “pedir disculpas a sus estudiantes judíos estadounidenses por permitir un comportamiento tan atroz”.

“La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”, escribieron los abogados de la universidad el lunes al gobierno. “Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitirse ser intervenida por el gobierno federal”.

A juicio de los expertos, la decisión de Harvard de rechazar las exigencias en materia de contratación, admisión y currículo podría animar a otras universidades del país a contraatacar. De hecho, el expresidente Barack Obama, exlíder del Partido Demócrata y exalumno de esa universidad, instó a otras instituciones a seguir el ejemplo de Harvard.

El diario The New York Times reportó que ya se han observado indicios de resistencia en las últimas semanas, con las masivas protestas de “Manos Fuera” en ciudades de todo el país. El senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, también han atraído a multitudes considerables en su gira “Combatiendo la Oligarquía”.

En Harvard, cientos de personas protestaron para pedir a la universidad que se opusiera a las demandas de la administración Trump, mientras que cientos de profesores firmaron una carta instando a Harvard a condenar el intento del republicano de rehacer la educación superior.

En Yale, casi 1.000 profesores firmaron una carta instando a sus líderes a resistir las exigencias de Trump. El presidente del MIT se pronunció en contra del trato que el gobierno republicano da a sus estudiantes internacionales.

“El impasse plantea interrogantes sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la administración. Sea cual sea el desenlace, es probable que se produzca una batalla legal”, indicó The Washington Post.

“Es un esfuerzo claro para cambiar lo que se enseña, lo que decimos en nuestras aulas, lo que enseñamos a nuestros estudiantes, para asegurarse de que lo único que realmente se diga en los campus universitarios sea lo que la administración Trump quiere escuchar y quiere que se diga”, dijo a CNN Andrew Manuel Crespo, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard.

En tanto, el diario Financial Times indicó: “El arma preferida es la retención de fondos federales para obligar a las instituciones no sólo a promulgar políticas más sólidas para combatir el antisemitismo, sino también a cambiar sus políticas de contratación y admisión y garantizar la ‘diversidad de puntos de vista’, un código para forzar una inclinación política hacia la derecha”.

Para Trump, graduado de la elitista Universidad de Pennsylvania, la campaña es central para su proyecto político: un frente en la guerra cultural que ha desatado contra algunas de las instituciones liberales más veneradas de Estados Unidos. La represión cuenta con el claro sello de Stephen Miller, subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, quien impulsa gran parte de la agenda interna del presidente.

“Esto es fundamental para los conservadores”, dijo al Financial Times un estratega republicano. “Durante décadas, el movimiento conservador, y Miller como su discípulo, han criticado los campus universitarios como campos de entrenamiento para la izquierda radical. Esta es su oportunidad de hacer algo al respecto”.

El diario indicó que el desprecio de Miller por la “conciencia social” se remonta a décadas atrás. Siendo estudiante de la Universidad de Duke, otra institución de élite, criticó duramente su sesgo izquierdista, afirmando que los demócratas superaban a los republicanos en el profesorado “en una asombrosa proporción de más de seis a uno”.

La administración Trump ha argumentado que su objetivo al perseguir a las universidades de élite es combatir el antisemitismo en los campus. Pero sus exigencias son mucho más amplias.

Según CNN, “cuando Trump presenta a los prestigiosos académicos de Cambridge, Massachusetts, como activistas de extrema izquierda que promueven políticas progresistas sobre raza y género, no está trabajando en el vacío. Millones de estadounidenses están de acuerdo con él”.

Esto, porque las encuestas muestran una creciente desconfianza hacia las instituciones de educación superior, especialmente entre los republicanos.

Así, un sondeo realizado por Gallup el año pasado reveló que los estadounidenses se dividen casi por igual entre quienes tienen mucha o bastante confianza (36%), cierta confianza (32%) y poca o ninguna confianza (32%). Cuando la encuestadora midió por primera vez la confianza en la educación superior en 2015, el 57% tenía mucha o bastante confianza y el 10%, poca o ninguna.

Sólo un 20% de los republicanos tiene confianza en la educación superior y el 50% tiene poca o ninguna. Mientras que en 2015, el 56% de los republicanos declaraba mucha o bastante confianza, y el 11% manifestaba poca o ninguna. Los republicanos no son los únicos que han dejado de creer en las universidades: el 35% de los independientes, frente al 48% en 2015, y el 56% de los demócratas, frente al 68%, tienen confianza en ellas.

Scott Schneider, un abogado de educación con sede en Austin, Texas, dijo al Financial Times que las medidas de la administración Trump en las últimas semanas marcaron la primera vez que las autoridades federales retiraron fondos de las universidades sin siquiera la apariencia de un debido proceso. “Esto no tiene precedentes en los 60 o 70 años que el gobierno ha financiado la educación superior en este país”, aseguró. “Lo que se está haciendo es notablemente coercitivo”.