Una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, miembros del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto Internacional y de la Unión Europea, y otros como Israel y Corea del Sur, pidieron este viernes “elecciones libres” en Venezuela.
En una declaración conjunta, llamaron “a todos los venezolanos” a comprometerse “de manera urgente” a apoyar un proceso para establecer “un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible”.
"La actual pandemia y el colapso del sistema de salud pública de Venezuela han añadido urgencia a la necesidad de poner fin al statu quo", indicaron.
Venezuela está sumida en una crisis política desde enero de 2019, cuando Nicolás Maduro asumió un segundo mandato presidencial hasta 2025 desconocido por la oposición y por unas 60 naciones, incluyendo Estados Unidos, que desde entonces reconocen como única autoridad legítima a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
La otrora potencia petrolera vive además una debacle económica agudizada desde la llegada al poder de Maduro en 2013, que causó la huida del país de unos cinco millones de personas, según la ONU.
La declaración, firmada hasta el viernes en la tarde por 31 países, señala que el proceso de transición en Venezuela debe permitir que la Asamblea Nacional cumpla “plenamente” sus funciones, y debe restablecer “la independencia” del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, indica que las elecciones parlamentarias previstas por el CNE para el 6 de diciembre, cuestionadas la oposición así como por Estados Unidos y otros países por falta de garantías, “no presentan una solución política” y “pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida”.
El texto llama además a retomar los “avances” realizados en las negociaciones facilitadas por Noruega en Barbados el año pasado. Y exige el fin de “toda persecución política”, al señalar un “aumento de la represión”.
Sobre las sanciones económicas impuestas por varios países para presionar por un cambio en Venezuela, reiteran la disposición a levantarlas “en un contexto de progreso político”. El gobierno estadounidense de Donald Trump, pero también el de Canadá y la UE, han emitido numerosas medidas contra Maduro y su gobierno, bajo acusaciones de corrupción generalizada y graves violaciones de los derechos humanos.
“¡Farsantes!”
Desde Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró el comunicado “extravagante”, “absurdo” e “injerencista”, y acusó al jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, de ordenar a “un grupo de gobiernos satélites” a firmarlo.
“No creen en la democracia. ¡Farsantes!”, tuiteó, al rechazar el texto, que según dijo está redactado por el alto diplomático estadounidense Elliott Abrams, “con la intención de sabotear las elecciones parlamentarias en Venezuela” y en el “desespero electoral” de Pompeo por los comicios de noviembre en los que Trump busca renovar su mandato.
Estados Unidos informó la tarde del viernes que 31 países ya habían firmado el texto: Albania, Australia, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Georgia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Ucrania y Reino Unido.
“No estamos solos”, dijo Pompeo, quien antes había asegurado en Twitter que Estados Unidos no se quedaría “al margen viendo cómo un narcodictador represor y corrupto continúa robándoles la democracia” a los venezolanos.
Maduro fue acusado de narcotráfico a fines de marzo por Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.
“Por primera vez, todo el mundo libre se coloca en la misma página con respecto a Venezuela”, dijo el encargado de las relaciones exteriores de Guaidó, el diputado venezolano Julio Borges, exiliado en Colombia.
Estados Unidos propuso en abril instalar un gobierno de transición sin Maduro ni Guaidó para organizar elecciones generales y legislativas “libres y justas”.
El plan fue recibido “positivamente” por los 27 países de la Unión Europea, y por 11 integrantes del Grupo de Lima, creado en 2017 para buscar una solución pacífica a la crisis venezolana.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo esta semana que desea convocar "en un futuro cercano" una reunión ministerial con los países que participan en el Grupo de Contacto Internacional (GCI).
El GCI, creado a principios de 2019, está integrado por la UE, así como por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay. Bruselas anunció el martes la adhesión de Argentina.
