Hasta 300.000 habitantes del noroeste de Colombia enfrentan escasez de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos de carreteras en medio de una protesta de mineros que se oponen a las operaciones militares para evitar la extracción ilícita de oro de grupos armados ilegales, denunció el jueves el Gobierno.
Doce municipios de los departamentos de Antioquia y Córdoba enfrentan desde hace varios días un confinamiento por los bloqueos de las carreteras en medio de las manifestaciones que comenzaron después de que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional destruyeron nueve dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro en el río Cauca.
En algunos municipios como Caucasia, en el departamento de Antioquia, se reportaron el jueves actos de vandalismo y amenazas a comerciantes que fueron obligados a cerrar sus establecimientos.
“Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales, desabasteciendo también el suministro de medicamentos, de balas de oxígeno y de esa manera la afectación a la población está siendo supremamente delicada”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración desde la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia.
El funcionario advirtió que mientras continúen los bloqueos el Gobierno no dialogará con los líderes de la manifestación para buscar un acuerdo.
“Mientras persistan los bloqueos la posibilidad de que nosotros regresemos a la mesa es nula”, declaró.
Sin embargo, el ministro anunció que el viernes asistirán a un encuentro con los líderes de la protesta con la mediación de la Iglesia Católica, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Defensoría del Pueblo.
El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, acusó esta semana al Clan del Golfo de estar detrás de las protestas en represalia por la destrucción de las nueve dragas que eran utilizadas para la extracción ilícita de oro en el río Cauca, provocando destrucción de la selva y contaminación con mercurio.
El Clan del Golfo mantiene un cese bilateral al fuego con el Gobierno del presidente Gustavo Petro con la intención de someterse a la justicia a cambio de una reducción de penas de cárcel para sus líderes e integrantes como parte de los esfuerzos del mandatario para buscar una paz total y poner fin al conflicto de casi seis décadas que ha dejado 450.000 muertos.
La minería ilegal, que provoca graves daños ambientales y problemas sociales, es considerada después del narcotráfico, la segunda fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, según fuentes de seguridad.
“Es prácticamente la última oportunidad que tenemos de lograr una salida pacífica, una salida constructiva a esta coyuntura compleja”, afirmó el gobernador de Antioquia.
“La destrucción de la minería ilegal del territorio de Antioquia y de otras partes de Colombia es inaceptable e insostenible”, concluyó Gaviria.
