Unidades policiales a nivel estatal creadas después de los comicios presidenciales de 2020 en Estados Unidos para investigar posibles fraudes electorales están examinando quejas aisladas más de dos semanas después de las elecciones intermedias, pero no han proporcionado indicios de que haya habido problemas sistémicos.

Eso es justo lo que los expertos electorales habían previsto, y llevó a los críticos a insinuar que el objetivo de las nuevas unidades era más bien político, más que erradicar abusos generalizados. La mayor parte de los casos de fraude relacionados con comicios ya son investigados y enjuiciados a nivel local.

Florida, Georgia y Virginia crearon unidades especiales a nivel estatal tras las elecciones de 2020, todas impulsadas por gobernadores, legislaturas o procuradores generales republicanos.

“No estoy al tanto de que haya habido ninguna detección significativa de fraude el día de las elecciones, pero eso no es sorprendente”, dijo Paul Smith, vicepresidente sénior del Campaign Legal Center, un grupo apartidista que busca impulsar la democracia. “Todo el concepto de fraude por suplantación de votantes es un problema horriblemente exagerado. No modifica el desenlace de los comicios, es un delito grave, corres el riesgo de ser encarcelado y tienes una elevada posibilidad de ser sorprendido. Es un fenómeno raro”.

La ausencia de un fraude generalizado es importante porque las mentiras en torno a las elecciones presidenciales de 2020, difundidas por el expresidente Donald Trump y sus aliados, han penetrado profundamente en el Partido Republicano y erosionaron la confianza en las elecciones. En el periodo previo a los comicios de este año, el 45% de los republicanos tenían poca o ninguna confianza de que los votos serían contados con precisión.

Una investigación de The Associated Press halló que no hubo un fraude generalizado en Georgia ni en los otros cinco estados muy reñidos en los que Trump impugnó su derrota de 2020, y hasta ahora no hay indicios de ello en las elecciones de este año. La certificación de los resultados avanza sin contratiempos en la mayor parte de los estados, con pocas quejas.

En Georgia, donde Trump intentó presionar a funcionarios estatales para que “hallaran” votos suficientes con el fin de revocar su derrota, una nueva ley le da a la agencia policial más importante del estado, la Georgia Bureau of Investigation, la autoridad para iniciar investigaciones de presuntos fraudes en las votaciones sin que funcionarios electorales lo soliciten. La presunta violación tendría que ser lo suficientemente significativa como para modificar o desatar dudas en torno al desenlace de unos comicios.