Más de 170 universidades, colegios y sociedades académicas estadounidenses, incluidas las instituciones de la Ivy League, como Princeton y Brown, emitieron el martes una carta conjunta condenando la “interferencia política” del Presidente Donald Trump en el sistema educativo, después de que la Universidad de Harvard denunció una amenaza a su independencia.

La declaración -firmada por presidentes de instituciones como Princeton, Brown, Harvard, la Universidad de Hawaii y Connecticut State Community College- criticó lo que describió como “la extralimitación gubernamental sin precedentes y la interferencia política que ahora ponen en peligro la educación superior estadounidense”.

La medida se produce un día después de que la Universidad de Harvard demandara a la administración Trump, que ha amenazado con recortar el financiamiento e imponer supervisión política externa.

“Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a la supervisión gubernamental legítima. Sin embargo, debemos oponernos a la intromisión gubernamental indebida”, añadió. “Debemos rechazar el uso coercitivo del financiamiento público para la investigación”, indicó la misiva.

Trump ha buscado recortar los recursos a varias universidades prestigiosas por acusaciones de que toleran el antisemitismo en el campus, lo que amenaza sus presupuestos, su estatus de exención de impuestos y la matrícula de estudiantes extranjeros.

La carta señaló que las universidades y colegios estaban comprometidos a servir como centros donde “los profesores, estudiantes y personal son libres de intercambiar ideas y opiniones sobre una amplia gama de puntos de vista sin temor a represalias, censura o deportación”.

La guerra de Trump contra las universidades lo ha llevado a amenazar con recortar el financiamiento federal debido a políticas destinadas a fomentar la diversidad entre estudiantes y el personal.

Según los analistas, la declaración conjunta del martes es la última muestra de resistencia de los líderes de la educación superior de Estados Unidos mientras la administración Trump busca aprovechar su peso financiero para reformar el mundo académico.

El 14 de abril, Harvard rechazó numerosas demandas de la administración republicana, que busca supervisar el cuerpo estudiantil, el plantel docente y el plan de estudios de Harvard en un aparente esfuerzo por frenar lo que percibe como un sesgo liberal de la universidad.

Poco después, el gobierno anunció que congelaría 2.300 millones de dólares en fondos federales para la casa de estudios.

Según la declaración del portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, Trump quiere asegurarse de que el dinero de los contribuyentes no respalde la discriminación racial o la violencia por motivos raciales.

La administración también amenazó con despojar a Harvard de su estatus de exención de impuestos y quitarle la capacidad de inscribir a estudiantes extranjeros.

En otras medidas, el mandatario también ha implementado una amplia ofensiva contra la inmigración, que se ha extendido a los estudiantes extranjeros, revocando sus visas, a menudo sin motivo alguno o con poco motivo.

La Casa Blanca ha justificado públicamente su campaña contra las universidades como una reacción al “antisemitismo” descontrolado y al deseo de revertir los programas de diversidad destinados a abordar la opresión histórica de las minorías.

La administración afirma que las protestas contra la guerra de Israel en Gaza que se extendieron por los campus universitarios de Estados Unidos el año pasado, estuvieron plagadas de antisemitismo.

Muchas universidades estadounidenses, incluida Harvard, reprimieron las protestas por las acusaciones en ese momento, indicó France 24.

En la misma línea, el lunes, Harvard demandó a la administración Trump para intentar obligarla a poner fin a sus órdenes de congelación de fondos y retirar las demandas que ha realizado, acusando al gobierno federal de intentar “revisar la gobernanza de Harvard, controlar la contratación de profesores y dictar lo que los profesores pueden enseñar a los estudiantes de Harvard” por razones ideológicas.

La universidad afirmó en su demanda que los intentos del gobierno de “coaccionar y controlar” a la casa de estudios violaban las garantías constitucionales de libertad de expresión. También acusó a la Casa Blanca de incumplir los procedimientos establecidos en las leyes federales de derechos civiles.

Según The New York Times, Harvard, como muchas otras universidades de investigación de todo el país, se ha vuelto dependiente del gobierno federal para financiar algunos de los trabajos más importantes que realizan sus médicos, ingenieros y científicos.

La mayor parte del dinero federal para investigación que llega a Harvard proviene del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En 2023, casi 150 millones de dólares anuales provinieron de otras agencias federales, como la comunidad de inteligencia, la NASA y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

La escala real de los recortes recientemente anunciados por el gobierno a Harvard aún está comenzando a verse, en parte porque la universidad está conociendo los detalles a medida que los investigadores reciben las llamadas órdenes de suspensión de trabajos del gobierno, indicó The New York Times.

El periódico señaló que entre los proyectos abordados hasta el momento se encuentran el trabajo en una herramienta de diagnóstico para la enfermedad de Lou Gehrig, también conocida como esclerosis lateral amiotrófica (ELA); la investigación sobre viajes espaciales y enfermedades por radiación; y un esfuerzo de 60 millones de dólares para combatir la tuberculosis.

Por otro lado, la administración Trump anunció el lunes que iniciará el proceso de cobro de préstamos estudiantiles federales en mora el 5 de mayo.

El Programa de Compensación del Tesoro, que recauda deudas interceptando pagos tales como reembolsos de impuestos y beneficios del Seguro Social, administrará las cobranzas.

Tras un aviso requerido de 30 días a los prestatarios, el embargo de salario comenzará a finales de este verano (boreal), dijo el lunes un alto funcionario del Departamento de Educación en una llamada con periodistas.

Ningún préstamo estudiantil federal ha sido remitido a cobranza desde marzo de 2020, cuando el Departamento de Educación suspendió los pagos y cobros de préstamos estudiantiles federales durante la pandemia de Covid-19.

Alrededor de 5,6 millones de dólares de prestatarios estaban en mora a fines de 2024. La mayoría de los prestatarios de préstamos federales para estudiantes entrarán en mora si no realizan un pago en más de 270 días.

Solo cuatro de cada diez prestatarios están al día con sus préstamos estudiantiles, informaron el lunes funcionarios del Departamento de Educación. El 35% de los prestatarios tienen un atraso de 60 días y alrededor de cuatro millones tienen un atraso de entre 91 y 180 días.

Los prestatarios en mora pueden perder la elegibilidad para recibir ayuda federal adicional para estudiantes y experimentar consecuencias legales.