El Ministerio de Exteriores de Venezuela ha anunciado este jueves la expulsión del personal de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por “agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, ha indicado en un comunicado.
Caracas ha dado un plazo de 72 horas al personal de la oficina para abandonar el país y ha anunciado una “revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días”.
En concreto, ha determinado que esta medida se mantendrá vigente hasta que la oficina rectifique “públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora” de la Carta de Naciones Unidas.
En este sentido, ha acusado a la oficina de mantener “una postura claramente sesgada y parcializada” y de “generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados” contra la soberanía del país, así como contra su Constitución.
El ministerio ha indicado que las instituciones venezolanas han priorizado “la vía del diálogo”, intentando “reconducir el accionar de la oficina” hacia “el respeto a la verdad”, si bien ésta ha preferido exacerbar “los ataques contra Venezuela”.
Caracas se ha referido también a que sus acciones se enmarcan “en un momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida” de Israel en la Franja de Gaza y de la “inacción” de la “burocracia internacional” ante “el asesinato de más de 10.000 niños palestinos”.
Esto se produce en el marco de la campaña de detenciones en el país latinoamericano después de que el presidente Nicolás Maduro afirmase en enero que durante el año pasado las autoridades desmantelaron cuatro intentos de magnicidio en su contra planificados desde Estados Unidos y Colombia.
Coincide, además, con la detención de la activista venezolana de Derechos Humanos Rocío San Miguel, quien está acusada de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo. La detenida, que es directora de la ONG Control Ciudadano, tiene nacionalidad española.
San Miguel fue detenida junto a otras cinco personas, cuatro de ellos de su familia, por supuestamente estar involucrados en un supuesto plan, denominado ‘Brazalete Blanco’, para atentar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La activista permanece recluida en el Helicoide, el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Según la ONG Provea, las autoridades utilizan la “desaparición forzada” como “práctica recurrente” en el marco de su “extenso repertorio represivo”.
De hecho, la ONG ha recordado este mismo jueves en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que ACNUDH pidió en la víspera a las instituciones venezolanas “garantías” del proceso en su contra, así como el derecho a su defensa.
“Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD.HH. que se cometen a diario en el país”, ha indicado.
