Al menos 10 personas detenidas en medio de las protestas tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela fueron excarceladas el sábado, dijo la Organización No Gubernamental Foro Penal.

Según datos del grupo local de derechos humanos, en el país se produjeron al menos 1.800 detenciones luego de los comicios del 28 de julio, cuando ciudadanos salieron a tocar cacerolas y bloquear calles por los resultados oficiales anunciados que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro.

Al menos 69 de ellos son menores de edad entre 14 y 17 años, según la ONG.

Familiares de venezolanos que fueron detenidos después de las elecciones presidenciales de julio, protestan frente a la sede del tribunal supremo, en Caracas, Venezuela, 3 de octubre de 2024. Foto: Reuters

“Desde tempranas horas se están produciendo algunas excarcelaciones de presos políticos por situación post electoral”, dijo a primera hora de la mañana en X el director de Foro Penal, Alfredo Romero. “Hasta ahora han excarcelado sólo a 10 de Yare III”, agregó.

La prisión de Yare III está ubicada en el estado Miranda, en el centro del país.

Una hora más tarde, Romero informó en la misma red social que se habrían producido más liberaciones en otro centro penitenciario. “De la cárcel de mujeres de Las Crisálidas también han excarcelado a algunas presas políticas”.

El presidente Maduro, quien asegura que las protestas fueron financiadas por la oposición para crear un caos en el país, dijo esta semana en su tradicional programa de cada lunes que si las autoridades habían cometido algún error en las capturas, le pedía a la Fiscalía revisar los casos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a una ceremonia de bienvenida a su llegada para participar en la cumbre de BRICS, en el Aeropuerto de Kazán, Rusia, el 22 de octubre de 2024. Foto: Reuters

El fiscal general Tarek Saab dijo el viernes en un comunicado que pidió revisar al menos 225 casos de los detenidos, sin dar más detalles.

Saab ha dicho que las protestas dejaron 28 muertos y casi 200 lesionados, así como unos 500 bienes muebles públicos y privados destruidos, como colegios y puestos de salud.

Activistas y parientes de algunos detenidos han dicho que sus familiares no participaron en las manifestaciones o las miraban sólo desde lejos, que algunos fueron detenidos en sus casas o en la calle cuando se desplazaban de forma particular y que han sufrido torturas en prisión.