Los candidatos inhabilitados en Venezuela podrán comparecer ante el máximo tribunal del país, que decidirá sobre sus prohibiciones para ejercer cargos públicos, dijeron a última hora del jueves el gobierno y la oposición en una declaración conjunta.
El anuncio se produce el día en que vencía el plazo dado por Estados Unidos para que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro tomara medidas para eliminar las inhabilitaciones o se arriesgara a renovar las sanciones económicas flexibilizadas recientemente.
Maduro llegó a un acuerdo con la Plataforma Unitaria de la oposición para revisar las medidas para ejercer cargos públicos contra varios posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2024, horas antes de que venciera el plazo dado por el gobierno de Estados Unidos para definir ese proceso y liberar a estadounidenses y presos políticos.
El acuerdo, llamado “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación”, fue divulgado el jueves por la embajada de Noruega en México, e indica que cada persona inhabilitada deberá acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contencioso administrativo contra la medida, según reporta la versión digital de la Voz de América.
“La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”, conforme a los principios de la Constitución, precisa un documento divulgado por la embajada de Noruega, facilitador en el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición.
Sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y otros líderes opositores pesan inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos que la oposición considera “ilegales” y que les impedirían formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
Más temprano el jueves la administración del presidente Joe Biden había manifestado que estaba atento a la decisión del gobierno de Venezuela respecto a la definición de un proceso orientado a levantar inhabilitaciones políticas y la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos “detenidos injustamente”.
