"Aunque todos nos tengamos que ir, ¡el Perú primero". Así, en un acto inesperado y al final de su discurso en el Congreso por las fiestas nacionales peruanas, el Presidente Martín Vizcarra anunció que presentará un proyecto de ley para adelantar un año las elecciones generales, que deberá ser ratificado en un referéndum. La medida busca poner fin a la "crisis de institucionalidad" ante la falta de respaldo del Congreso a las reformas políticas impulsadas por el gobierno.
Vizcarra, llegó al poder tras la polémica renuncia en marzo de 2018 del expresidente Pedro Pablo Kuczynski -vinculado al caso Odebrecht- y desde que asumió se ha enfrentado varias veces al Congreso, de mayoría opositora.
En menos de un año, el mandatario peruano presentó dos mociones de confianza para desbloquear un paquete de reformas políticas anticorrupción que estaba siendo obstaculizado por los legisladores opositores.
Perú enfrenta una de las peores crisis de confianza política, después que todos los expresidentes desde 2001 están "salpicados" por el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006) está detenido en Estados Unidos a la espera de la extradición; Alan García (2006-2011), líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) se quitó la vida en abril pasado después que la policía llegó a su casa con una orden de prisión preliminar; Ollanta Humala (2011-2016) arriesga 20 años de cárcel tras el pedido del equipo especial Lava Jato a la fiscalía; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en prisión domiciliaria. En tanto, la líder del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori cumple arresto preventivo.
En el discurso, Vizcarra acusó al Parlamento de hacer "caso omiso" al proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, en el que el gobierno propuso que sea la Corte Suprema y no el Parlamento la entidad que decida si un legislador queda sin fuero para enfrentar a la justicia, lo que finalmente fue rechazado en el Congreso.
"Es un hecho histórico en Perú y de alguna manera cierra un ciclo político marcado por una generación de congresistas que habían extremado la corrupción, por lo que había una obstaculización permanente del Congreso al gobierno. Esto demostraba que la alianza entre el fujimorismo y el Apra en lo único que estaban interesados era obstruir para blindar a sus dirigentes manchados por la corrupción. Ante eso, el Presidente planteo adelantar elecciones", señala a La Tercera, Augusto Álvarez, analista político peruano.
De esta manera, Vizcarra planea que los comicios presidenciales y parlamentarios que están programados para abril de 2021, se realicen el 28 de julio 2020, cuando finalice el período actual.
"Jaque mate" de Vizcarra
La propuesta del jefe de Estado deberá ser votada y aprobada en la mayoría por el Congreso . Sin embargo, la reforma antes de ser presentada ya enfrentó el rechazo de la oposición. Según el diario Perú 21, el proyecto de adelantar las elecciones fue recibido entre "aplausos" por la Bancada Liberal y el Frente Amplio, mientras que los "abucheos y gritos" llegaron desde el fujimorismo y el Apra.
Ante este escenario es factible que el Congreso rechace el proyecto de adelantar los comicios. "Las elecciones adelantadas traerán un terremoto político. Vamos a tener unos dos meses de mucha turbulencia como consecuencia de un Congreso que se opone al proyecto. Sin embargo, si los legisladores no lo aprueban, el Presidente Vizcarra igual puede renunciar y si también lo hace la Vicepresidenta (Mercedes Aráoz), igual tendrán que convocar elecciones. Por lo que la jugada de Vizcarra es un jaque mate ante el Congreso porque los deja sin otro camino", apunta Augusto Álvarez.
Según el diario peruano La República, en caso que el Presidente y la Vicepresidenta dimitan, se convocaría a elecciones generales inmediatas. Durante este proceso es el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, el que asume las funciones presidenciales, mientras la vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta dirigiría el Legislativo.
Además, el Mandatario dijo que la medida deberá ser ratificada en un referéndum, lo mismo que hizo en 2018 cuando los peruanos aprobaron con amplio respaldo los proyectos anticorrupción. Según la Constitución, el plazo legal para la consulta ciudadana es entre 60 a 90 días después de la aprobación del proyecto.
A pesar de que Vizcarra se ha abanderado en la lucha contra la corrupción, lo que lo mantiene con altos índices de popularidad, el politólogo peruano Carlos Meléndez señala que el proyecto es una "muerte cruzada". "Hasta ahora no se conoce la letra del proyecto. (Esto) quiere provocar una "muerte cruzada": nuevas elecciones del legislativo y del ejecutivo, echando por la borda sus propios avances en reforma política. Para algunos es un gesto de desprendimiento, para otros es la revelación de la incapacidad (de Vizcarra) para dominar al Congreso de mayoría fujimorista", finaliza el experto.