El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó este jueves una ley que tipifica como “alta traición” cambiar de bando en el marco de un conflicto armado, algo que podría aplicarse a la guerra iniciada contra Ucrania el 24 de febrero.

La normativa enmienda así el artículo 275 del Código Penal del país para introducir acciones de “alta traición” en relación con el posible cambio de bando. Aquellos que sean hallados culpables bajo la nueva legislación podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión, según informaciones de la agencia de noticias Interfax.

Además, otorga responsabilidad penal a los ciudadanos rusos que participen en conflictos armados que “no jueguen en interés de Rusia” ante la ausencia de indicios de traición. En estos casos, se estipulan penas de entre 12 y 20 años de cárcel.

Por otra parte, establece penas para aquellos que se vean involucrados en las actividades de organizaciones consideradas “indeseables” por el Gobierno ruso en el extranjero.

Asimismo, establece penas de entre tres y ocho años para los delitos de espionaje, que incluyen la cooperación con representantes de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, si bien estas personas podrán ser puestas en libertad en caso de cooperación con las autoridades rusas.

Esto incluye la transferencia, recopilación, robo o almacenamiento con el fin de transferir al enemigo información que pueda ser utilizada contra las Fuerzas Armadas de Rusia. Las acciones en cuestión se castigarán con penas de entre diez y veinte años de prisión.

La legislación define como enemigo a “todo Estado extranjero y organización internacional que se oponga a Rusia en un conflicto armado”.

Los llamamientos a llevar a cabo medidas y actividades contra el gobierno ruso podrán acarrear multas de entre 100.000 y 500.000 rublos (entre 1.600 y 8.400 euros), las cuales ascenderán hasta el millón de rublos (unos 16.800 euros) en caso de utilizar para ello canales oficiales, medios de comunicación o Internet.

La nueva legislación también incrementa las penas contra el reclutamiento, entrenamiento y financiación de mercenarios durante hostilidades y conflictos armados. Ahora las penas ascienden a los 18 años de prisión en caso de ser hallado culpable.

Ley de agentes extranjeros

Putin firmó además una ley que amplía las normativas vigentes sobre los llamados “agentes extranjeros” y que establece que podrán clasificarse como tal “las entidades rusas o foráneas, asociaciones públicas y estructuras extranjeras que operan sin establecer una personas jurídica independientemente de su ciudadanía”.

Esto no afectará, sin embargo, a entidades y organismos públicos de Rusia, como corporaciones estatales, asociaciones religiosas y empresariales que ya hayan sido registradas previamente, según agencias estatales de noticias.

La ley define como agente extranjero a “cualquier persona que haya recibido apoyo desde el exterior o esté bajo otras formas de influencia foránea y se dedique a actividades políticas, recopilación intencional de información sobre la actividad de Rusia en el ámbito militar o técnico-militar o distribuya mensajes y materiales destinados a un círculo ilimitado de personas”.

En este sentido, está prevista la creación de un registro único de agentes extranjeros en lugar de los cuatro existentes en la actualidad, así como uno de personas afiliadas a estos agentes.

También se reconocerá como afiliada una persona que participe en actividades políticas y reciba fondos y/u otros bienes de agentes extranjeros, ya sea a través de intermediarios. Las personas afiliadas a los agentes extranjeros no estarán sujetas a los requisitos y restricciones establecidos para aquellos.

La nueva ley prohíbe a los agentes extranjeros dedicarse a la enseñanza y la educación de menores en Rusia, elaborar productos de información para niños y adolescentes, realizar transferencia y recepción de fondos u otros bienes de agentes extranjeros durante eventos públicos y recibir apoyo financiero por parte del Estado.