Voto por correo: tres cuartos de los votantes podrán sufragar a distancia en EE.UU.

Al menos tres cuartos del total de votantes estadounidenses serán elegibles para recibir un voto por correo para sufragar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, el mayor número en la historia de Estados Unidos, según el diario The New York Times.

Si se da el escenario que predicen los expertos, en que las tendencias electorales se mantienen y la participación aumenta, aproximadamente 80 millones de boletas podrían inundar las oficinas electorales en noviembre, más del doble de las que recibieron en 2016.

Las preocupaciones sobre el potencial de transmisión del Covid-19 en los locales de votación han obligado a muchos estados -pese a las protestas de Trump- a realizar la votación por correo más accesible que nunca.

La mayor parte de estos cambios es temporal y fue realizada por funcionarios estatales y locales que tienen la autoridad para hacer ajustes durante emergencias, como lo ha sido la pandemia.

Aunque todos los estados permiten al menos algunas votaciones por correo, varios lo harán más accesible que otros. A su vez, algunos votantes podrán citar el coronavirus como una razón para votar en ausencia y otros tendrán permiso para hacerlo de manera remota sin especificar una razón.

En siete estados, los votantes necesitan una razón más allá del coronavirus para justificar su solicitud. Esto significa que muchos de ellos deberán acudir a votar presencialmente, salvo que las reglas en sus territorios sufran cambios de último minuto.

Durante las primarias presidenciales, muchos estados que facilitaron que las personas votaran a través del correo registraron una mayor participación que aquellos que hicieron menos cambios en el sistema.

En total, 27 estados y Washington DC han ampliado de alguna manera el acceso de los votantes a los votos por correo para las elecciones generales de 2020. Sin embargo, el Servicio Postal ha sido duramente criticado en las últimas semanas, luego de que se implementaron cambios que tenían como objetivo recortar su presupuesto.

Las reformas en el sistema de correo por parte del director general, Louis DeJoy, generaron acusaciones de que la administración de Trump estaría intentando privar del derecho a voto a muchos estadounidenses.

“El Presidente Trump en ningún momento ha dado instrucciones a la oficina de correos para que reduzca las horas extraordinarias o cualquier otra decisión operativa que ralentice las cosas”, dijo el martes Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Demócratas, fiscales locales estatales y grupos de derechos civiles han advertido que las medidas -que incluían la eliminación de horas extra para los carteros, la reducción del horario de las oficinas de correos y la eliminación de casillas postales- podrían afectar la votación por correo.

Mientras las reacciones se acumulaban, el director de correos anunció el martes que el Servicio Postal suspendería las reformas hasta después de las elecciones. DeJoy, un importante donante de Donald Trump que fue elegido en mayo para dirigir la agencia postal, dijo a través de un comunicado que “para evitar incluso la apariencia de cualquier impacto en el correo electoral”, había decidido suspender los cambios “que se han planteado como áreas de preocupación mientras la nación se prepara para celebrar elecciones en medio de una pandemia devastadora”.

En la misma línea, el director de Correos anunció que el funcionamiento de las oficinas no cambiaría y tampoco se cerrarían las instalaciones de procesamiento de correo. Además se seguirán aprobando horas extra para sus empleados “según sea necesario”.

Hasta estas declaraciones no estaba claro si la agencia revertiría las medidas ya implementadas en el país. Algunas máquinas clasificadoras de correo ya habían sido destruidas, según dirigentes sindicales y trabajadores postales.

El anuncio se produjo luego de que los legisladores convocaran a DeJoy para testificar ante el Congreso, mientras que dos coaliciones de al menos 20 fiscales generales estatales dijeron que presentarían demandas contra la administración de Trump por los cambios realizados, que han calificado de “ilegales”. Quienes critican la medida argumentan que no solo afectaría la capacidad de emitir voto de muchas personas, sino que también dificultaría la entrega de medicamentos, cheques de pago y documentos importantes.